Tal como se había dejado trascender a fines de la semana pasada, la desestimación del juicio contra Aguinsky, cuyo tratamiento sufrió en los últimos meses sucesivas postergaciones, se impuso por mayoría.
Los consejeros María Lelia Chaya, Miguel Angel Pichetto, Augusto Alasino, y Carlos Maestro (dictamen separado) votaron por la desestimación, en tanto por la minoría el abogado Fermín Garrote, opinó que debía continuar el trámite del expediente, propuesta que fue acompañada por el abogado Juan Gersenobitz. Justamente este último voto fue tomado con sorpresa por más de un asistente a la reunión de hoy, ya que según al menos tres fuentes seguras consultadas por diariojudicial.com señalaban que en el dictamen de mayoría, algunos de sus párrafos fueron incorporados a instancias del mismo abogado casarense.
En los últimos días se notaba que la situación del magistrado no corría riesgos, ya que nadie promovió de manera directa su remoción. La mayoría de los consultados atribuyen este hecho a la muy buena defensa que Aguinsky ejerció cuando fue citado a declarar el 4 de julio y el 8 de agosto del 2000.
El juez se defendió ante el Consejo de la Magistratura respondiendo con solvencia las numerosas preguntas que le formularon los consejeros, señalando los distintos caminos que recorrió la investigación a su cargo y poniendo énfasis en “demostrar que las especulaciones” formuladas en su contra son sólo opiniones de gente que puede tener una legítima preocupación por el trámite de la causa, pero que nunca leyeron las más de 8000 fojas de expediente. Por eso resulta llamativo que dos consejeros (voto minoritario) promuevan ahora un nuevo llamado, ya que ellos mismos durante varias horas procedieron al interrogatorio del juez que se prolongó a dos sesiones -con una extensa transcripción taquigráfica- y según las constancias del expediente no se incorporaron pruebas nuevas que generen controversias distintas a las ya dilucidadas por Aguinsky.
En torno de esas imputaciones, el magistrado recordó que él estaba a cargo de la investigación de la venta de armas a Ecuador y que cuando surgió la venta de armas a Croacia, ésta fue delegada al fiscal penal Roberto Leanza. El mismo fiscal fue quien le solicitó al juez que eleve el expediente a la Corte por entender que había justificadas razones que atribuían la competencia a ese cuerpo, ya que afectaba “cuestiones vinculadas a las relaciones internacionales del pais”, criterio que la Corte en el recordado caso de la “Capa de la Reina Sofia de Espana” había avalado.
La petición del representante del Ministerio Público fue asimismo convalidada por el Procurador General de la Nación, Nicolás Becerra, quien consideró que la avocación al Máximo Tribunal “resultaba indispensable”. El magistrado a su vez, explicó en su descargo que “el envío de material bélico a Croacia se produjo en virtud de una operación de compraventa internacional en la que el ex interventor de la Dirección General de Fabricaciones Militares, Luis Sarlenga (detenido), aparece como vendedor y el prófugo Diego Palleros, como intermediario, y un representante de la firma croata RH Alan, como comprador.
También dejó en claro que esa compañía estaba conducida por un general del ejército croata vinculado con el Ministerio de Defensa de Croacia con prueba producida por el fiscal, el Procurador General y por el juez Urso.
Recordemos que en ese momento (1995) Croacia se encontraba en guerra y en materia de provisión de armamentos pesaba un embargo decretado por las Naciones Unidas, que habría sido violado y dado lugar a la maniobra de contrabando investigada por Aguinsky. Actualmente esta causa se encuentra radicada en un tribunal oral a la espera del juicio.