La juez de Cámara de Georgia en Estados Unidos, Wendy Shoob, declaró que la
ejecución de personas a través de la silla eléctrica es "un castigo cruel
e inusual, que trae aparejado además de la muerte la mutilación del cuerpo y
violencia física inhumana y propia de la barbarie".
Según Shoob, el uso de la silla eléctrica "ofende el desenvolvimiento de
los estándares de decencia que marcan el progreso de una sociedad madura",
al tiempo que hizo notar que "ningún otro país civilizado" la utiliza,
y que todos lo estados de su país la han abolido, a excepción de Alabama, Nebraska
y, precisamente, Georgia.
El año pasado, la legislatura de Georgia aprobó una ley para utilizar a la inyección
letal como método de ejecución para quienes hubiesen sido sentenciado a muerte
después del 1 de mayo de 2000. La nueva ley dice además que si la silla eléctrica
es declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Georgia, será el nuevo
método de aniquilamiento el único en utilizarse. El cuerpo legislativo no hizo
retroactiva la aplicación de la inyección como método por temor de que artimañas
legales pudieran permitir que varios sentenciados pudiesen escapar de la ejecución.
Shoob es la primera jueza de Cámara en declarar en Georgia inconstitucional
a la silla eléctrica, una decisión que además es inusual en todos los Estados
Unidos. Sus pares en su jurisdicción han denegado en forma rutinaria mociones
para declarar la inconstitucionalidad. Inclusive varios colegas suyos se han
rehusado hasta a escuchar evidencia respecto de ese punto.
La decisión de la jueza no es obligatoria para otros magistrados, pero podría
llegar a proveerlos del ímpetu necesario para que la Corte Suprema del Estado
admita la causa. La Corte ya adelantó que podría llegar a analizar la constitucionalidad
si se presentara el caso concreto.
La causa que llevó a la determinación de la jueza la iniciaron los defensores
de Timothy Carl Dawson, condenado en 1998 por la muerte de tres hombres -Phillip
dover, Gerrold Shropshire y Ronald Gutkowski-. Los tres recibieron varios disparos
en lo que la policía definió como un asalto. Los fiscales pidieron la pena de
muerte, que está fechada para el próximo 23 de marzo.