El fiscal federal Luis Comparatore se hizo cargo de la instrucción de una causa en la que el abogado Eduardo Barcesat había denunciado a las más altas autoridades del Estado por incumplimiento de funcionario público, abandono de persona y abuso de autoridad en relación a sus acciones y omisiones en el caso de los presos de La Tablada, y libró oficios al canciller, Adalberto Rodríguez Giavarini, al Secretario de Asuntos Penitenciarios, Mariano Ciafarini, y al juez de ejecución, Daniel Alberto Cisneros, en los que les solicitó información acerca de la situación de los condenados.
La causa en la que están denunciados todos los miembros del Poder Ejecutivo, el Legislativo y los ministros de la Corte Suprema, había recaído en el juzgado Criminal y Correccional Federal 1, a cargo de María Romilda Servini de Cubría, que delegó la instrucción en Comparatore.
El fiscal ofició a Ciafardini para que informe “toda actuación, como también temperamentos y resoluciones adoptadas por el Poder Ejecutivo Nacional” relacionadas con los doce condenados en huelga de hambre desde hace 107 días.
A Cisneros, miembro del Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 de San Martín, que está a cargo de la ejecución de las penas, Comparatore le solicitó que le remitiera copias certificadas del estado actual de los autos principales.
Por su parte, a Rodríguez Giavarini le pidió que le remitiera una copia de la recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de 1997, que se estaría incumpliendo al negársele a los presos una instancia de revisión de sus condenas. Además, al ministro de Relaciones Exteriores, que aseguró a la Comisión a través de un nuevo informe que la doble instancia sería otorgada por la vía judicial, le requirió la normativa “respecto del tratamiento que el Estado argentino debe dar a las resoluciones del organismo internacional”.
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dju / dju