La denuncia fue formulada por la Asociación Software Legal que de este modo inició una serie de acciones tendientes a combatir la piratería en el ámbito estatal, con denuncias que involucran a reparticiones de la Administración Pública.
De este modo, la denuncia contra la superintendencia administradora de fondos de las AFJP. quedó radicada en el jugado de instrucción 27, a cargo de Alberto Baños; la que involucra a la Secretaría de Turismo en el de instrucción 15, cuyo titular es Adolfo Calvete, y contra el COMFER en el de instrucción 38, a cargo de Wilma López.
El titular de la Asociación, Martín Carranza Torres, en declaraciones a Diariojudicial.com aseguró que "hay un discurso muy cínico, hipócrita y contradictorio" por parte de los funcionarios que "hablan de apoyar a la industria para dar empleo y son los primeros en violar la ley".
En ese sentido, el directivo de la entidad explicó que la figura encuadra porque los funcionarios "tienen el deber de controlar la legalidad de los actos" de los organismos a su cargo.
"En la Argentina la administración pública y las grandes compañías se sienten intocables en cuanto a la piratería de software. Con estas medidas estamos abriendo un nuevo capítulo en la lucha contra la piratería en nuestro país", enfatizó.
Además, el directivo lanzó una advertencia contra las "grandes empresas que se consideran intocables" al sostener que "en los próximos días demostraremos que ninguna es impune ante la violación de la Ley de Propiedad Intelectual".
La entidad reiteró a través de un comunicado que "la tasa de piratería en la Argentina asciende al 62 por ciento, genera millonarias pérdidas para el sector, impide la creación de empleos y dificulta el desarrollo de la industria tecnológica en el país".
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13/10/2000