Entre los implicados en esta causa se encuentra el brigadier retirado Pedro Espinoza y el coronel retirado Marcelo Moren Brito, quienes acompañaron al juez en el recorrido. Guzmán Tapia inició las diligencias esta mañana en el cuartel central de la Policía de Investigaciones de Copiapó, un día después de instalarse en esta ciudad para comenzar una pesquisa que continuará hacia las ciudades de Calama y Antofagasta.
Las actividades de la reconstrucción comenzaron en la Prefectura policial de Copiapó con conversaciones relativas a detalles sobre la organización de la Caravana de la Muerte, que recorrió varias ciudades chilenas, especialmente del norte del país, dejando un saldo de 72 muertes.
El objetivo de esta operación militar, ordenada por el ex dictador Augusto Pinochet y comandada por el hoy general en retiro Sergio Arellano Stark, fue acelerar los procesos en los Consejos de Guerra de la época. Sin embargo, durante el paso de la Caravana por las ciudades se ordenaron una serie de fusilamientos de presos políticos al margen de los procesos.
Guzmán se concentrará posteriormente en el Regimiento de Copiapó, donde fueron detenidas seis personas, entre ellas los tres sindicalistas desaparecidos y otras tres que fueron fusiladas. El trámite finalizará en el cementerio de Copiapó, donde el magistrado controlará las pesquisas destinadas a la remoción de cuerpos sepultados en fosas comunes.
El caso de Copiapó está vinculado a las imputaciones que afectan al ex dictador Pinochet, por haber sido él, como presidente de la Junta Militar de Gobierno, responsable de la operaciones militares que se efectuaron en el país tras el derrocamiento del presidente socialista Salvador Allende, el 11 de septiembre de 1973.
Aunque el juez evitó dar mayores precisiones, se estima que en los próximos días se integrarán otros militares a la reconstrucción, en la que intentarán descifrar los detalles de la más grande de las ofensivas de la dictadura militar que comandó Augusto Pinochet en el país trasandino, y que ocurrió sólo un mes después del derrocamiento de Allende.
De esta manera, la Justicia chilena continúa avanzando en la investigación de los delitos cometidos por la dictadura, en causas que se destrabaron y tomaron impulso luego de la detención en Londres de Pinochet, con pedido de extradición del juez español Baltasar Garzón, que fue desaforado como senador vitalicio y que puede ser procesado en Chile por la desaparición de 19 presos políticos.