En una declaración que lleva la firma del presidente de esa entidad, Horacio Schick, los abogados laboralistas salieron al cruce de un proyecto de Ley que fue elevado al Poder Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires, y que consideran inspirado en el que rige en la Justicia Nacional.
En tal sentido, la declaración advierte que, de implementarse, la posibilidad que esa instancia se dirima en el estudio de un abogado implica "una virtual privatización de una función que --a nuestro entender-- es indelegablemente judicial".
"La instancia administrativa previa obstaculiza notoriamente el acceso de los trabajadores a los estratos judiciales, dilatándose la solución de sus reclamos y colocando en peligro el derecho de defensa en juicio protegido por el articulo 18 de la Constitución Nacional y los artículos 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos".
El proyecto establece un sistema de conciliación laboral obligatoria que deberá tramitarse ante un abogado particular, denominado "concilador", instancia previa al inicio de la acción judicial.
Según entienden los abogados laboralistas, este sistema "se contradice con los principios del Derecho Procesal Laboral que reconocen las desigualdades económicas, sociales y culturales que afectan al trabajador también durante el proceso, al extremo que exime de asesoramiento letrado en esta instancia de un conflicto jurídico".