El pedido de nulidad –que busca que la Cámara designe otros camaristas para resolver la cuestión- se sustenta en la recusación que la misma Defensora del Pueblo local hizo contra los dos jueces de la Sala V que firmaron la decisión ayer: Calos Grecco y Luis Otero. Cuando la causa llegó a la Sala, Olivera los objetó basándose en que ya habían emitido opinión en otro trámite iniciado por el Defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, pero por el aumento en las tarifas de colectivos.
La recusación fue rechazada con el argumento de que se trataba de “dos situaciones no esencialmente iguales”, según explicó el asesor legal de la Defensoría, Eduardo Monti. De todas formas, la reacción a través del pedido de nulidad llegó con el fallo de ayer, en el que votaron los mismos magistrados, mientras que el tercero, Pablo Fedriani, no votó por estar de licencia.
La situación es formalmente posible, ya que dos son mayoría. Sin embargo, Oliveira, en diálogo con Diariojudicial.com, dijo que esta situación “es grave ante una recusación” y que se trata de “un problema de elegancia”, aunque se mostró escéptica ante el resultado que pueda tener la iniciativa ante la Cámara.
La otra posibilidad que está al alcance de la Defensoría de Pueblo es el recurso extraordinario ante la Corte Suprema. Oliveira confirmó que la apelación ante el Máximo Tribunal será hecha en el plazo legal, es decir, dentro de los cinco días de una notificación que hasta el cierre de esta edición no se había hecho efectiva.
La Defensora adelantó a este medio que, además, recusaría (como hace siempre) a los ministros de la Corte Julio Nazareno, Antonio Boggiano, Eduardo Moliné O´Connor, Guillermo López y Adolfo Vázquez a quines les ha pedido juicio político y denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en una causa que está en trámite.
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