Ante la repotenciación del enfrentamiento, el propio Ricardo Gil Lavedra se vio obligado a negar la existencia de un expediente secreto del Gobierno donde se pondría en tela de juicio a los jueces federales bajo el cargo de supuesto encubrimiento de ex funcionarios menemistas. "Como no pudieron probar que somos corruptos, ahora nos acusan de encubridores", se quejó ante este diario un colega de Bagnasco que pidió anonimato por obvias razones de recusación en causas.
En privado, Gil Lavedra no oculta su irritación por verse envuelto en una operación de la que jura es ajeno. "Ese supuesto papel no salió del Ministerio de Justicia, además el ministro no piensa eso de los jueces federales y cree que tienen toda la razón en defenderse", explicó a este diario un estrecho colaborador del hombre elegido por Fernando de la Rúa para armar un fino entramado en el difícil frente judicial.
"Como "Chacho" tuvo que retroceder con los senadores, ahora, quiere cargarse a un par de jueces federales para mostrarse como un "superman" de la anticorrupción", replicaron desde la vereda judicial, otro de los jueces cuestionados que trataba de resumir el espíritu colectivo que se vivía en ese fuero, quien recordó -además- las relaciones profesionales y personales de Massoni con Anibal Ibarra, el electo jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
En público, Bagnasco disparó por elevación:
# No es la primera intervención harto manifiesta del Ejecutivo que hay en 6 meses.
# Han circulado papeles de funcionarios que piden datos personales de jueces, lo cuál excede las atribuciones del cargo de quien lo hace (en referencia a Massoni).
# Estas presiones del Gobierno apuntan a que los jueces hagamos lo que ellos quieren en las causas.
# Nunca hemos tenido una buena relación con los ministros de Justicia, pero esta administración tiene como condimentos hacer circular documentos secretos sobre expedientes que son públicos, haciendo adjetivaciones antojadizas y con un desconocimiento muy grande de lo que surge dentro de los expedientes.
# El Gobierno apela a la lógica del divide y reinarás ya que clasifica arbitrariamente a algunos (jueces) de probos y a otros de réprobos.
Por estas declaraciones al diario Página 12 -en realidad fue el disparador de la pelea- debió salir a responder Gil Lavedra, buscando atenuar el impacto de un enfrentamiento que podría terminar en el Consejo de la Magistratura pero con un alto costo político para De la Rúa.
Los jueces creen que el enojo de Massoni se debe a que la mayoría le impidió meterse en los expedientes para impulsar denuncias y manejar las causas contra los ex funcionarios del anterior gobierno que se encuentran denunciados, como Victor Alderete y María Julia Alsogaray.
Colegas de Bagnasco creen que la Oficina Anticorrupción esperaba que se le imputara asociación ilícita al ex administrador del PAMI y como ello no ocurrió por no surgir pruebas claras después de su indagatoria, se desató esta ofensiva. "Prueba de ello -sostienen- que el "paper" oficial habla bien de aquellos jueces que aceptaron ese rol a Massoni".
Pero la Oficina Anticorrupción no solo recibió la andanada de los jueces sino que desde un ángulo no previsto recibió un duro revés como es la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura, un ámbito no precisamente proclive a satisfacer a los jueces y mucho menos a los federales.
El cuerpo, entre los que se cuenta el diputado radical Melchor Cruchaga, le reprochó a Massoni haberle dado curso a una denuncia anónima contra la jueza Mónica Atucha de Ares por presunto enriquecimiento ilícito.
"Los consejeros no cumplen la función de fiscales, esa denuncia se tendría que haber enviado adonde corresponde", fue la velada crítica de Cruchaga, quien junto al senador Alasino propuso crear un reglamento para admitir denuncias ante el desborde de los anónimos que inundan esa comisión. "El que denuncie que ponga la cara", fue la conclusión de los consejeros.
Otro dato adverso para la Oficina Anticorrupción fue la decisión de la Sala II de la Cámara Federal porteña que le reconoció a María Julia Alsogaray el rol de querellante en un juicio que la ex funcionaria le sigue a ese organismo que Carlos Menem calificó como de "Oficina Antiperonista".
La ex secretaria de Medio Ambiente acusó a Massoni de haberle filtrado (supuestamente) información a un matutino antes de presentar la denuncia en el juzgado federal de Bagnasco por la comisión de supuestas irregularidades en la refacción de un piso de esa secretaría.
Lo llamativo es que la resolución fue firmada por los tres camaristas que también le aceptaron a la Oficina Anticorrupción el rol de querellante en causas penales que le habían rechazado la mayoría de los jueces federales, con excepción de Gabriel Cavallo, Jorge Ballesteros y Gustavo Literas.