El Consejo de la Magistratura, en su plenario de los miércoles, aprobó la desestimación de un pedido de juicio político al titular del juzgado nacional en lo Criminal y Correccional Federal número 3, Carlos Liporaci, porque ya lo había tratado la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, que lo archivó cuando era competente como órgano de acusación.
La postura de los diputados justicialistas María Lelia Chaya y Miguel Angel Pichetto, son coincidentes al considerar que “las actuaciones a que se hace referencia fueron tramitadas ante la Cámara de Diputados de la Nación por el expediente número p-406-98” y que “el citado expediente tuvo dictamen de comisión publicado en el orden del día número 1033/98, por el cual se propone la desestimación de la denuncia, dictamen aprobado por Diputados en la sesión del 11-11-98”.
Por eso se resolvió, “aconsejar al plenario del Consejo de la Magistratura, proceder al archivo de las presentes actuaciones”.
En disidencia votaron los consejeros Melchor Cruchaga y Pablo Fernández, quienes mostraron su posición contraria fundamentando en que según sus propias constancias, el expediente fue tratado por la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados y nunca tuvo una decisión del plenario. Por ello es competencia del Consejo el tratamiento del expediente de referencia. La investigación sumarial había sido solicitada por los diputados Massei y Cruchaga en Diputados.
El diputado Melchor Cruchaga en disidencia con la mayoría afirmó que “la investigación se basa en porque ese expediente no fue tratado por la Cámara de Diputados y la denuncia además nunca fue resuelta”.
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