El pedido fue efectuado hoy mediante una presentación que efectuaron ante la jueza federal con competencia electoral María Servini de Cubría, el ministro de Justicia, Ricardo Gil Lavedra,y la secretaria de Derechos Humanos, Diana Conti.
Según consta en la presentación "se trata de dos organizaciones cuya ideología sería contraria a los principios fundantes de un Estado de Derecho y de una sociedad democrática", de acuerdo con las manifestaciones públicas efectuadas por sus dirigentes, a través de distintas publicaciones que fueron adjuntadas como prueba.
En tal sentido, los funcionarios destacan en la presentación que de ese material "se desprende con claridad, una exaltación de la violencia y una exhortación, de modo permanente, al odio por quienes pertenecen a la comunidad israelí nacional o internacional a la vez que reivindica a Adolf Hitler incluso como un líder cuya lucha resultaría hoy vigente".
"Sus referencias -señala el texto de la denuncia- hacen un uso frecuente y habitual dela cruz svástica y otros símbolos nazis", citando como ejemplo un pedido del dirigente Alejandro Biondini de utilizarla como símbolo partidario.
Un informe presentado ante el ministerio por el departamento de Asuntos Jurídicos de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) el 3 de marzo último da cuenta de la "orientación" de ambas agrupaciones políticas. Por otra parte, el pedido advierte que "las posiciones nacionalistas que pretenden promover se centrarían, en definitiva, en la adopción de una línea de pensamiento y acción que trasunta intolerancia, odio y racisimo incompatibles con las finalidades de un partido político así como con la vida democrática".
Asimismo, advierten que "el incumplimiento de los compromisos asumidos internacionalmente (como la convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial), afecta no solo a la ciudadanía en tanto titulares de los derechos humanos sino también pone en riesgo la responsabilidad internacional del Estado que pudiera ser denunciado internacionalmente ante los distintos órganos de protección internacional en materia de derechos humanos".
Por ultimo, Gil Lavedra y Conti consignan que de la reseña normativa contenida en la presentación "surge claramente que cualquier organización que contraria los principios de no discriminación y los de una sociedad democrática no puede ser reconocida" porque "en caso contrario se está violentando el sistema jurídico argentino".