La titular del juzgado laboral 47 de esta capital, Inés Gassibe, dictó hoy una medida de no innovar en el traspaso de 360 millones de pesos que la CGT había reclamado al gobierno, y que el presidente Carlos Menem le había devuelto mediante un decreto a fines de octubre.
La magistrada hizo lugar a una presentación que en ese sentido efectuó la Centra de Trabajadores Argentinos (CTA), entidad que reclamó por el manejo de esos fondos destinados a las Obras Sociales, que el gobierno le había quitado a la central sindical, durante la gestión de Domingo Cavallo al frente de la cartera económica. El 26 de octubre último fue publicado en el Boletín Oficial el decreto presidencial 1211/99, mediante el cual el gobierno le devolvió a la CGT el manejo de denominado fondo Solidario de Redistribución de las Obras Sociales, el que volvería a ser controlado por un cuerpo colegiado (la Administración de Programas Especiales) integrado, en realidad, por cuatro representantes de la CGT, tres del gobierno y uno del sector empresario.
La CGT. venía reclamando en los últimos años la devolución del manejo de esos fondos, equivalentes a unos 360 millones de pesos anuales, equivalentes al 10 por ciento de los aportes a las Obras Sociales.
Según se pudo saber, en su momento el gobierno le quitó esos montos argumentando la compensación de deudas previsionales.
La CTA. -una confederación de gremios opositores a la CGT- objetó ese decreto y le pidió mediante una acción de amparo que la Justicia impida la cesión del control de esa millonaria suma, reclamo al que accedió la juez Gassibe.
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