El Defensor del Pueblo Adjunto de la Ciudad de Buenos Aires, Elio Brailovsky,
el director del Ente Regulador de los Servicios Públicos porteño, José Luis
di Lorenzo, y cuatro legisladores porteños de Nueva Dirigencia denunciaron al
presidente Fernando de la Rúa y a varios miembros de su Gabinete por haber cometido
los delitos de abuso de autoridad, malversación de caudales públicos y desobediencia
al firmar el decreto de necesidad y urgencia para la reforma previsional.
La denuncia, que quedó en manos de Jorge Luis Ballestero, a cargo del juzgado
Criminal y Correccional 2, también incluye al Fondo Monetario Internacional.
Di Lorenzo, Brailovsky y los legisladores Jorge Srur, Enrique Rodríguez, María
Lucila "Pimpi" Colombo y Víctor Santamaría, acusaron al organismo internacional
por el delito de extorsión.
"El delito a todas luces violenta derechos y garantías amparados constitucionalmente:
el derecho a la seguridad social, a beneficios irrenunciables y móviles, a la
igualdad y a la propiedad. Es lamentable que el Gobierno siga ajeno a las necesidades
sociales y convierta a los derechos en enunciados vacíos", dijo Di Lorenzo,
a cargo del control de los servicios públicos.
Los denunciantes cuestionaron la utilización del decreto de necesidad y urgencia
para legislar en este caso, ya que, según explicaron en la presentación ante
la Justicia, el inciso 3 del artículo 99 de la Constitución no permite su dictado
en materia tributaria, e interpretaron que la reforma previsional caía en esta
categoría.
En cuanto a la acusación a los funcionarios del FMI de haber extorsionado al
Gobierno, dijeron que el delitos se cometió a través de "imposiciones e intimidaciones".
Según los dirigentes de Nueva Dirigencia, en el documento emitido el pasado
4 de enero, el organismo internacional "parece querer disciplinar y someter
a los funcionarios del gobierno argentino, incluidos los jueces".
"Ningún argumento de la hipotética exigencia de los organismos internacionales
puede considerarse fundamento suficiente para apartarse del principio republicano
de poderes", afirmó Di Lorenzo al respecto.
De acuerdo a la denuncia, la reforma "tiene un único beneficiado: el sistema
financiero que se apropia de comisiones y seguros a niveles confiscatorios.
No beneficia a los jubilados porque cada vez reciben una prestación inferior,
tampoco a los trabajadores porque se elimina la Prestación Básica Universal
y el sistema de capitalización seguirá pagando según la rentabilidad obtenida,
que es menor a la de una caja de ahorro".
Los accionantes acusan a los miembros del Gabinete del delito de desobediencia
(artículo 239 del Código Penal) "por insistir con asignarle la gestión de los
beneficios previsionales a las AFJP, que un amparo de la Justicia de la Seguridad
Social ya había ordenado que se dejara sin efecto".