17 de May de 2024
Edición 6968 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 20/05/2024
Ley de ´enganche salarial´ y polémica

El baile de los enganchados

El STJ chubutense confirmó la suspensión del abogado y conjuez de Comodoro Rivadavia, Francisco Miguel Romero. Fue señalado por trabar embargos millonarios contra cuentas de la provincia en un conflicto por los salarios de magistrados que comenzó en 2008.

 

La equiparación salarial es una discusión que se lleva a cabo en los poderes judiciales de todas las provincias. Solo algunas de ellas se acoplaron a la Justicia nacional a través de las leyes de enganche, donde los aumentos que se perciben en la administración de todo el país implican el mismo destino para los lugares que hayan decidido implementar esta normativa.

En 2008, los magistrados chubutenses comenzaron a realizar una serie de reclamos en este sentido, a raíz de un acuerdo que se había llegado entre la Asociación que los nuclea y la fiscalía de Estado, a cargo de Blaz Meza Evans.

Después de varias idas y vueltas y de un avance del proceso, el conjuez de Comodoro Rivadavia, Francisco Miguel Romero, llevó a cabo el embargo de varias cuentas del Estado provincial en orden a que se concreten los pagos reclamados en el amparo presentado por los jueces.

Pero esta historia está llegando a sus primeras conclusiones, ya que el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Chubut emitió una resolución donde se lo suspendía como juez subrogante. Pero, ¿cómo llegó a esta situación? Según afirmaron desde el Colegio de Abogados de su jurisdicción, el letrado tenía su matrícula suspendida, por lo que todo lo que todas sus actuaciones carecían de efecto.

En un comunicado del Sindicato de Trabajadores Judiciales de Chubut (SITRAJUCH), se aclaró que Romero “tiene su matrícula como abogado suspendida debido a denuncias de mala praxis hechas por particulares. Es decir tiene suspendida su matrícula pero la Provincia, y en particular el fiscal de Estado Blas Meza Evans, lo acepta como juez en una causa que le costará a la provincia cientos de millones de pesos”.

Romero había sido suspendido de la matrícula debido a casos de presunta mala praxis denunciados por el SITRAJUCH. Desde el gobierno provincial aseguraron que el abogado seguía operando como conjuez debido a una demora en el STJ a la hora de elaborar la resolución que, finalmente, fue llevada a cabo el viernes pasado.

Los integrantes del Máximo Tribunal provincial recordaron en su pronunciamiento que “el Superior Tribunal de Justicia posee la facultad de formar anualmente en las épocas que fijen la reglamentación o las leyes, las listas de conjueces para la integración de tribunales y juzgados, estableciendo las calidades que deben reunir sus integrantes”.

Siguiendo este orden de ideas, recordaron que “el 12 de diciembre de 2011, se efectuó el sorteo de conformación respecto de los Conjueces y resultó desinsaculado el mencionado profesional, habilitándoselo para actuar como tal en los Juzgados Letrados de la Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Comodoro Rivadavia”.

Los magistrados alegaron que “efectivamente, y como se enuncia en la presentación, el Dr. Francisco Miguel Romero ha sido suspendido del ejercicio profesional en la matricula de abogados, desde el 23 de agosto de 2013 y por el término de seis meses”.

“De ello se sigue que ha perdido una de las condiciones exigibles – requisito esencial- para el ejercicio de la función jurisdiccional, pues la decisión disciplinaria se proyecta negativamente en toda la actividad profesional que desarrolla”, concluyeron en su resolución los miembros de STJ chubutense.
 



dju

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