Tudo bem

Al decidir que la declaración indagatoria de un imputado ante el juez no interrumpe el plazo de prescripción del sumario, el Tribunal Supremo de Justicia de Portugal provocará el archivo de cientos de casos, a los que se sumarán cerca de 45 mil procesos de los últimos cinco años debido a los retrasos del sistema judicial de ese país europeo, entre los que habría varios relacionados a la corrupción política y económica.

Desde el Máximo Tribunal, varias voces se alzaron diciendo que “los jueces se han limitado a aplicar la ley y no son responsables de las ambigüedades u omisiones del Poder Legislativo”. Es precisamente a los parlamentarios a quienes se acusa de haber generado esta virtual crisis judicial “por no haber articulado una clara reforma del Código Penal entre 1988 y 1995”, según manifestó al diario portugués Público el sociólogo Boaventura Sousa Santos, Director del Observatorio Permanente de la Justicia.

A esta amnistía (en la práctica) provocada por la omisión legislativa durante los años de los gobiernos conservadores de Aníbal Cavaco Silva, hay que sumarle otros perdones decretados y la más que habitual prescripción de las acciones, que en conjunto han beneficiado a varios imputados por casos de corrupción, entre ellos los presuntos fraudes y desvíos de dinero del Fondo Social Europeo para la formación Profesional a la Caixa Económica Faialense, conocido como el “caso Partex”.

En respuesta a la evidente crisis, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos recibió desde principios de este año hasta el 31 de agosto 71 demandas contra el Estado, mayormente por lentitud judicial, que provocaron ocho condenas a Portugal, mientras que en otras cinco se alcanzaron “acuerdos amigables” con los accionantes para evitar nuevas condenas.

“Los responsables políticos entre 1988 y 1995 sabían muy bien las consecuencias del asunto cuando no reformaron el Código Penal. Basta verificar quiénes han sido los más beneficiados. Existe un alto nivel de impunidad, en particular contra los implicados, del poder político y económico”, dijo Sousa Santos a Público.

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