Norberto Quantín
ex fiscal y ex Secretario de Seguridad Interior
En 1997, tras el descubrimiento de una importante red de distribución de medicamentos adulterados en la provincia de Corrientes, el entonces procurador general de la Nación, Nicolás Becerra, dictó la resolución 54/97, con la que creó un cuerpo de fiscales dedicados a investigar las redes de los medicamentos “truchos”. A la cabeza de la unidad especial estuvo Norberto Quantín, que en ese entonces era fiscal ante la Cámara del Crimen. Con la llegada al poder de Néstor Kirchner, Quantín ocupó por algo más de un año la secretaría de Seguridad Interior, de donde fue desplazado en julio de 2004. En una entrevista con DiarioJudicial.com, el abogado se referirá a su etapa al frente de la unidad especial creada por la Procuración. Criticará el “cajoneo” que tuvo un proyecto impulsado por él para reformar el Código Penal en cuanto al castigo para “todo aquel que fabrique medicamentos sin permiso o fuera de los lugares autorizados”. El ex fiscal, ahora jubilado, opinó que “Argentina está llena de compartimientos estancos” y “no hay proyectos en común” y le pegó muy fuerte a la justicia federal: “El estilo de la justicia federal es la primera página durante una semana, las páginas interiores el resto del mes y después la desaparición casi para siempre de todo”, dijo. Un hombre que conoció al poder de cerca.
¿Cómo empezó la investigación que usted encabezó sobre medicamentos falsos?
A raíz de la muerte de enfermos de Parkinson que ingirieron los medicamentos Cynamed y Madopar. Esto ocurrió hace unos 10 años. En algunos casos se detectó que eran falsificados. Esto tenía un inconveniente, porque eran gente mayor y el Parkinson es una enfermedad grave. Entonces, (se pensaba que) la gente se moría porque se tenía que morir, nadie pensaba que fuera un medicamento falso. En su momento, se registraron 4 muertes, pero puede haber habido muchas más.
¿Cómo se comprobó que eran falsificados?
Porque fuimos a las farmacias donde se había comprado y luego se buscaron las droguerías que los distribuyeron y (al llegar) descubrimos que eran terrenos baldíos. Entonces, se pudo comprobar que había una acción dolosa, que esas pastillas no correspondían. Pero no se pudo determinar quiénes eran…todo terminaba en terreno baldío, nunca se supo.
¿Qué significa falsificar?
Un medicamento se puede falsificar “bien” o “mal”, como los billetes. Si el medicamento estuviera falsificado “bien”, requiere que la materia principal sea la verdadera y en las proporciones adecuadas. Los medicamentos tienen algo que se denomina excipiente, que es lo que los recubre, que atempera los efectos nocivos del medicamento. Hay algunos falsificadores “serios” que lo reproducen bien. En esos casos, siempre se requiere un químico o bioquímico que se pase al bando enemigo. Además, tienen que tener un capital para comprar máquinas. Hay medicamentos que se pueden falsificar en un espacio reducido… Yo soy de la teoría de que el que ingresa en la ilegalidad, después todo es ilegal, creo que al delito se lo persigue con las pequeñas cosas también: cuando estuve en la secretaría de Seguridad el robo de autos en la avenida Warnes bajó el 50 por ciento rompiendo la cadena económica y aplicando las leyes del sentido común.
Me comentaba sobre la comisión que formó el Procurador…
Sí…excepto el Cynamed y Madopar, los medicamentos que se falsificaban eran de venta libre. En diciembre de 1997, nos llegó otro caso importante y grave que era sobre medicamentos oncológicos pero esta vez no eran falsificados sino robados, que se convertían, por no respetar la cadena de frío en venenosos. Era un medicamento (Taxotere) de un laboratorio francés (Rhone Purin) que se hacía con la espina de un cactus tremendamente venenoso, tan peligroso que no se podía tocar con la mano. Se robó un camión con 1000 dosis; cada una costaba 1800 dólares. El robo fue un 23 de diciembre con un calor de 40º. Pero los ladrones cometieron un error: era como robar 100 Mercedes Benz, no era fácil venderlos. En ese entonces, yo realmente no dormía pensando en las 1000 personas que se iban a morir. Eran 15 AMIA. Pero los ladrones contactaron a un médico y él se presentó y se ofreció a denunciarlos, compró los medicamentos. Logramos que trabajara con nosotros. Esa vuelta nos salió todo bien. En todos los lugares donde íbamos, encontrábamos lo que necesitábamos: otra dirección. Ese caso se resolvió. Se encontraron unas 700 unidades y esa noche aparecieron tirados las otras 300. Los autores fueron condenados, en juicio oral, a altas penas de reclusión. [N. de R: los condenados fueron Jorge Alejandro Garay, Carlos Alberto Renis, Emir Sarubbi y Luis Pelli; uno de ellos habría sido un ex miembro de la Side.
Usted presentó un informe ante la Cámara de Diputados con conclusiones de los años de trabajo en la Unidad. ¿Cuando fue eso?
No se si fue luego de ese descubrimiento, porque hicimos muchos allanamientos… Quisiera destacar que Argentina está llena de compartimientos estancos, cada uno trabaja con lo suyo, no hay proyectos en común, no se ve qué proyectos hay antes, no se deja como herencia nada. Eso lo he visto yo cuando asumí la secretaría de Seguridad: me dieron un despacho precioso con una mesa lindísima pero no había ni un solo papel, como si yo lo hubiera inaugurado. Entonces pregunté que se había hecho hasta ese momento… (la respuesta fue) nada. Con respecto a los medicamentos hablamos con la comisiones de Diputados (Seguridad Interior y Legislación Penal); llevamos nuestro proyecto, lo discutimos pero lo guardaron en un cajón.
¿En qué consistía ese proyecto?
Proponía la reforma del Código Penal. El Código, en su artículo 208, prevé prisión de entre quince días y un años a quien “sin título ni autorización para el ejercicio de un arte de curar o excediendo los límites de su autorización, anunciare, prescribiere, administrare o aplicare habitualmente medicamentos, aguas, electricidad, hipnotismo o cualquier medio destinado al tratamiento de las enfermedades de las personas, aun a título gratuito”. Nosotros proponíamos adaptarnos a los tiempos que corren. Básicamente, se podría resumir en castigar a todo aquel que fabricara medicamentos sin permiso o fuera de los lugares autorizados. Que los medicamentos se puedan hacer en determinados lugares, que la autoridad competente de control sepa cuáles son y pueda ir.
¿Y cómo evolucionó esa propuesta?
Hubo una reunión conjunta de (las comisiones de) Acción Social y Salud Pública y Legislación Penal en la que participó Aldo Neri (ministro de Salud durante el gobierno de Raúl Alfonsín). Incluso él se entusiasmó, pero fue al cajón también. Siendo secretario (de Seguridad) lo llamé a (el ex ministro de Salud) Gines González García. Me dijo: “Quedate tranquilo flaco, yo te lo arreglo, eso sale”. Nunca salió. Los fiscales (Adrián) Gimenez y (Marcelo) Munilla Lacasa (N. de R: ambos integraron la unidad fiscal con Quantín) tuvieron contacto con una senadora, cuyo nombre no me acuerdo, que dijo que la función de su vida era sacar la ley; que su paso por el Congreso se justificaba si salía esa ley. La ley no salió. Así están todas las cosas de la salud pública. Pero en ese momento, hubo una interesante unidad entre la justicia y la administración pública, el Ejecutivo. Nosotros con el Anmat; íbamos juntos a inspeccionar. Trabajamos con mucho éxito, hicimos más de 9000 inspecciones en todo el país. Argentina era un país casi limpio de falsificación. Pero esto hay que seguirlo porque si uno abandona…
En relación con las obras sociales, que ahora aparecen involucradas en la causa que lleva el juez Norberto Oyarbide, ¿En su momento se averiguó algo?
No tuvimos problemas; en esa época había farmacias que vendían con descuentos increíbles; evidentemente esos remedios tenían origen ilícito pero esto es más bien proveniente de robos; el robo de medicamentos acá es muy grande, están los piratas del asfalto. Los medicamentos robados son productos que tienen asegurada la reventa; hay una droguería. En el robo no se afecta la salud pública, sino el derecho de propiedad. Yo no creo que en el caso Oyarbide haya falsificación. No creo que haya falsificación pero no porque crea que Zanola es un santo…
¿Cuál es su opinión sobre la ex ministra Graciela Ocaña, que fue una de las que inició las denuncias?
Creo que Ocaña es una persona muy trabajadora y honesta. Yo la he visto agotada. Si uno está en un lugar tan grande como es el PAMI, puede haber una isla que esté corrupta. El jefe de Policía no puede poner las manos en el fuego sobre los 35 mil policías que existen. La ministra tampoco. Pero creo que ella no hubiera tolerado ningún acto de corrupción, es de las pocas personas que en este panorama político…y así les va.
¿Cree que la causa que lleva Oyarbide puede llegar a algo?
Mire, el estilo de la justicia federal es la primera página durante una semana, las páginas interiores el resto del mes y después la desaparición casi para siempre de todo. A veces, si uno lee el diario de hace un año, va a ver que los personajes cambiaron pero ninguno está en la cárcel. Algunos están disfrutando de lo robado y otros por lo menos no molestan a nadie. En el caso de la efedrina es una cuestión en la que se ve la mezcla de lo político, con el narcotráfico, el robo y la falsificación; esto es sumamente grave. Es la entrada de la Argentina en una fase de la delincuencia desconocida y para la cual no estamos preparados.
¿Desde el ámbito político hay preparación para combatir esta situación?
Antes de estar preparado hay que tener ganas. Yo dudo de que tengan ganas…