Fernández de Gurmendi, que cumplirá 55 años el 24 de octubre, ya conoce el trabajo en la CIP: entre 1995 y 2006 se desempeñó en el tribunal en distintos cargos, entre ellos fue la presidenta del Comité Internacional para el establecimiento de la CIP y formó parte de la comisión que trabajo en la redacción del Estatuto de Roma, que creó y fijó las pautas del funcionamiento del organismo.
Abogada recibida en la Universidad Nacional de Córdoba, doctora en derecho y especializada en derecho público en la facultad de Limoges, Francia, Fernández de Gurmendi se desempeñó también como asesora del Ministerio de Justicia, fue presidenta del grupo internacional de Expertos sobre Mercenarios, consejera legal de la misión permanente de la Argentina ante las Naciones Unidas y vicepresidenta del Comité Especial que elaboró la Convención para la seguridad del personal de las Naciones Unidas y personal asociado.
Además, es profesora de derecho penal internacional en la maestría de relaciones internacionales de la facultad de derecho de la UBA, habla inglés y francés y tiene publicados una veintena de artículos jurídicos.
Ante la vacante de uno de los 18 jueces de la CIP, el Gobierno propuso a Fernández de Gurmendi como candidata. Para eso la ley por la cual el país implementó el Estatuto de Roma, la 26.200, establece que los postulantes al tribunal deben atravesar el mismo proceso de selección que los jueces de la Corte Suprema de Justicia.
Así, el pliego de Fernández de Gurmendi llegó a la Comisión de Acuerdos del Senado. Su titular, Marcelo Guinle (Frente para la Victoria – Chubut), le pidió al vicepresidente Julio Cobos que los trámites administrativos del pliego se realicen lo más rápido posible en virtud que en noviembre la CIP elegirá a su nuevo integrante. Por eso, estaba previsto que el tema se pueda tratar en la maratónica sesión de este viernes del Senado.