En su resolución, la Cámara aprobó las diligencias realizadas con colaboración de estos organismos federales y destacó que en esta causa "la Policía Federal deberá actuar bajo las directivas de su titular (el juez Hooft) y ajustándose a las reglas procesales vigentes en la provincia".
El fallo de los camaristas Julio Arriola, Daniel Laborde y Alicia Ramos Fondeville echó por la borda el planteo del abogado Horacio D´Angelo, que patrocina a la demandada, la Clínica del Niño y de la Madre, de Mar del Plata, donde el 23 de abril de 1997 nació y fue sustraída Rocío, según afirmó su madre, Cristina Ortizá de Cigarreta.
D´Angelo había manifestado que "no se alcanza a comprender el motivo para delegar en la Policía Federal el ejercicio de funciones judiciales, con relación a un hecho de competencia local, y en diligencias realizadas en la ciudad sede del juzgado". Hooft confirmó hoy que la Cámara, en forma unánime, rechazó el planteo de D´Angelo y otorgó absoluta validez a las actuaciones realizadas por una comisión especial de la Policía Federal que colabora con su juzgado en la investigación.
En cuanto a los fundamentos de la resolución, la Cámara se remitió a los argumentos esgrimidos por Hooft en su momento para justificar la colaboración federal en su investigación.
Hooft recordó que "yo había fundamentado que en este caso había cuestiones interjurisdiccionales que excedían el ámbito específico de Mar del Plata".
"La otra cuestión es la resolución 91/1998 del procurador general de la Nación, Nicolás Becerra, que creó justamente una comisión de fiscales cuyo objetivo es colaborar en todos los ámbitos y con los jueces competentes, en todos los delitos relacionados con desaparición, tráfico o comercialización de menores", añadió el juez.
Rocío nació el 23 de abril de 1997, presuntamente con bajo peso, y a los tres días se les informó a los padres, Cristina Ortizá y Carlos Cigarreta, que había fallecido, entregándoseles luego el cadáver de una beba.
Meses más tarde, un informante anónimo le advirtió por teléfono a Ortizá que ese cadáver no era el de su hija, lo que fue luego confirmado mediante pruebas de ADN. Así comenzó la causa que en los últimos meses interesó a Quantín, titular del grupo de fiscales que investiga el tráfico de recién nacidos en el país, y en la que también aparece involucrada Lucrecia Ancarani, hermana de la diputada nacional del PJ Norma Ancarani de Godoy.