Aunque la Conatel abrió el expediente, el caso está suspendido a la espera de que el Ministerio Público determine si Globovisión incurrió en un hecho punible contemplado en el artículo 171 de la Ley de Telecomunicaciones.
Este artículo sanciona a los medios radioeléctricos que “utilicen o permitan el uso de servicios de telecomunicaciones (...) para coadyuvar en la comisión de delitos”. Si el Ministerio Público comprueba la existencia de delito, Conatel reanudará el trámite administrativo que podría culminar con el fin de la concesión al canal.
En una entrevista con la emisora oficial Venezolana de Televisión, Roselyn Daher, integrante del departamento jurídico de Conatel señaló que “hay elementos suficientes que permiten presumir que la empresa podría haber incurrido en la infracción de ese artículo 171”.
Por su parte, la asesora jurídica del canal, María Cristina Núñez, dijo que en la notificación del nuevo procedimiento administrativo -el cuarto desde el año pasado- se hacen varios señalamientos específicos respecto al programa “Aló Ciudadano” del 13 de octubre del año pasado en el cual el periodista Rafael Poleo, director del diario El Nuevo País, afirmó que Chávez iba a terminar como Benito Mussolini.
Consultado por BBC mundo, el abogado penalista Gonzalo Himiob explicó que en Venezuela existen muy pocas leyes que permiten declarar la responsabilidad de una persona jurídica, es decir, de una empresa, como es el caso de Globovisión. Y la Ley de Telecomunicaciones, indicó, no es una de ellas.
Por eso, primero tendría que demostrarse que una persona física cometió delito; luego, que lo hizo a través de una empresa de telecomunicaciones, y por último que hubo un vínculo de intencionalidad entre la persona y los directivos y empleados de esa empresa de medios, es decir, que directivos y empleados estuvieron de acuerdo con el hecho.
“Es entonces cuando se puede abrir un procedimiento administrativo encaminado a sancionar al canal. Pero en este caso se están saltando los pasos: están suponiendo que los tribunales van a encontrar una responsabilidad penal”, afirmó el abogado que advirtió respecto a la posibilidad de que se dicte una medida cautelar para cerrar preventivamente el canal.
El enfrentamiento entre el canal de noticias y el primer mandatario venezolano es de larga data. Chávez trató a Globovisión de “mentiroso, conspirador y terrorista”, y el canal alegó ser objetivo de una política gubernamental que busca acallar la disidencia y tomar el control absoluto los medios de comunicación.
Durante la última semana, militantes opositores realizaron una colecta pública denominada el “Globopotazo”, con el objetivo de recaudar algo más de dos millones de dólares para que el canal de noticias pagara una multa impuesta por la oficina de administración de impuestos.
Sin embargo, al momento de efectuar el pago por la denuncia (impuesta por no declarar como donaciones unos espacios cedidos a organizaciones civiles para transmitir mensajes institucionales durante el paro petrolero de 2002-2003) el organismo le notificó a Globovisión que había elevado el monto a abonar a más de 4 millones de dólares.