09 de May de 2024
Edición 6962 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 10/05/2024

"Mi nombre no está seriamente en los planes de ningún partido político para proponerme"

Aída Kemelmajer de Carlucci
Vocal de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza

 
Es una de las juezas más prestigiosas de nuestro país y en varias oportunidades su nombre sonó como candidata para ocupar un lugar en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Especialista en temas civiles y de familia, la magistrada Aída Kemelmajer de Carlucci habló de menores, aborto y los llamados “nuevos derechos”, entre otros. A su vez, se refirió a uno de los temas poco conocidos o difundidos desde el ámbito del derecho: la bioética. Sin embargo, acorde a su estilo de hablar sin tapujos y con conocimiento de causa, la jueza denunció un vacío legal en la Argentina sobre materia reproductiva. Por otra parte, si bien no ocultó su aspiración de “ocupar un lugar en el Máximo Tribunal del país”, descartó que su postulación esté en mente del poder político.

¿Las mujeres lograron insertarse en el ámbito del Poder Judicial? ¿Hay igualdad de condiciones?

En la provincia de Mendoza hace bastante tiempo que las mujeres estamos insertadas en el Poder Judicial en igualdad de posición. Hoy, después de las resistencias iniciales, estamos aún en la justicia penal; más aún, hay una jueza de ejecución que cumple funciones en la penitenciaría provincial. Entiendo que la situación es similar en provincias como Córdoba, Santa Fe, Bs As, etc.

¿Cuáles son esos nuevos derechos a los que se refiere en su libro Derechos de Familia y los nuevos derechos?

Una gran parte de los nuevos derechos pasan por el ámbito de los derechos económicos, sociales y culturales. Hasta hace poco tiempo, se pensaba que estos derechos tenían eficacia disminuida frente a los llamados derechos “civiles o políticos”. Hoy la justicia considera que no hay verdaderos derechos civiles ni políticos (por ej., votar) si no hay un mínimo de derechos económicos garantizados (por ej., no vivir en la calle, tener acceso a la educación, etc.)

Tengo entendido que usted trabajó en temas de bioética. ¿Cuáles son los desafíos de la bioética en el campo del derecho?

Los desafíos son inmensos, a punto tal, que la bioética que defiendo, conjuntamente con una red que tiene su punto de dirección en el Observatorio de Bioética de Barcelona, tiene su principal punto de apoyo en la teoría de los Derechos Humanos. No en vano, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha resuelto muchos casos vinculados a los temas de bioética, como es, por ej., la validez del doble consentimiento que exige la ley inglesa para la fecundación asistida (al comenzar el tratamiento y al hacer el implante del embrión), el derecho que tiene una persona que está en la cárcel, privada de libertad, para fecundar por vía de la fecundación asistida; la condena a Polonia, por no haber generado estructuras hospitalarias y jurídicas adecuadas para que la mujer pueda interrumpir el embarazo en forma segura en un hospital si se trata de un caso despenalizado, etc. Hoy mismo, existen denuncias por temas similares ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Con respecto a la legislación actual sobre materia reproductiva, ¿en qué situación considera que estamos en la Argentina en este momento?

Muy atrasados, porque no existe ley.

¿Qué respuestas brinda el derecho en los temas de filiación y reproducción asistida?

Los planteos de las partes imponen a los jueces pronunciarse en algunos casos concretos con criterios generales, no siempre compartibles, como por ej. cuando se dispuso el censo de los embriones y se les designó un tutor, una decisión equivocada, en mi opinión.

¿Por qué propuso la ley de nombre de familia para que los apellidos no se trasladen sólo por filiación paterna?

El nombre de familia, reconocido hoy en la legislación alemana, francesa, y tantas otras, permite a la pareja elegir cuál es el apellido común para todos los miembros de la familia. Creo que es la manera justa e igualitaria en la que el legislador respeta la libertad y la voluntad de las personas permitiendo a ellas elegir si el modo de identificarse ante la sociedad es el de la mujer, el del hombre, el de ambos, en qué orden etc.

Cada vez que se produce una vacante en la Corte Suprema de Justicia de la Nación su nombre suena como una candidata. ¿Le hubiera gustado el puesto?

Todo juez aspira a ocupar algún día un lugar en el máximo tribunal del país. Sin embargo, en mi caso, estoy seriamente convencida de que mi nombre no está seriamente en los planes de ningún partido político para proponerme a ese cargo; por lo tanto, la Corte tampoco está en mis planes.

Desde la Corte Suprema de Justicia de la Nación vienen analizando sobre los problemas de extracción compulsiva de sangre para determinar una paternidad. También en aquellos casos cuando un hijo/a se niega, y mediante una orden judicial se extraen material genético de algún objeto (Ej. Cepillo de diente). ¿Cuál es su opinión respecto a la legalidad de estas medidas con el fin de comprobar paternidad en un determinado caso?

El art. 4 de ley 23.511 dispone: “Cuando fuese necesario determinar en juicio la filiación de una persona y la pretensión apareciese verosímil o razonable, se practicará el examen genético que será valorado por el juez teniendo en cuenta las experiencias y enseñanzas científicas en la materia. La negativa a someterse a los exámenes y análisis necesarios constituirá indicio contrario a la posición sustentada por el renuente”. Hoy, prestigiosos juristas sostienen que la solución legal no basta porque la persona interesada gana el juicio, pero no tiene certeza sobre cuál es su verdad genética. Personalmente, entiendo que ninguna persona que no sea imputada en un delito debe estar obligada a prestar su propio cuerpo para que se le extraigan muestras; en mi opinión la solución de la ley es correcta; la negativa a someterse sin derecho no es gratis, la ley establece en su contra un indicio que en la práctica funciona como una verdadera presunción; o sea, para desvirtuarla, hay que probar en contrario.

En estos momentos en la provincia de Mendoza desde el Poder Ejecutivo pretenden reformar la Constitución y se generó polémica a raíz de una resolución del Alto Tribunal que estableció la cantidad de votos necesarios para hacerlo. ¿Esto dificulta el proceso de reformación de la Constitución?

La solución dada por la Corte con mi voto, como preopinante, hace más difícil la reforma, pero de ningún modo la imposibilita. Cuando la dirigencia política explica a la ciudadanía por qué quiere reformar y para qué, la gente va, vota y se obtienen las mayorías, tal como ha quedado acreditado en elecciones en las que así ha sucedido

Uno de los temas que siempre genera polémica es la legalización o no del aborto ¿Hay un vacío legal? ¿Cuál es su opinión?

En mi opinión la interrupción del embarazo debe ser despenalizada, con plazos previstos en la ley, y derecho de la mujer a que esa interrupción se produzca de modo seguro en los hospitales públicos

¿Es una solución la baja de la edad de imputabilidad de los menores? ¿Con respecto a las acusaciones contra el Poder Judicial sobre su responsabilidad en el nivel de inseguridad?

De ningún modo. Nada se logrará. Obviamente, todo niño o adolescente infractor tiene derecho a defenderse, él también debe tener asegurado su derecho a ser oído. De allí en más, la cuestión es saber qué medidas tomamos con estos menores infractores. El Poder Ejecutivo, al menos el de mi provincia, no tiene programas suficientes para tratar a estos niños que, en la mayoría de los casos, están afectados por la droga.

¿El derecho debería avalar la unión civil entre dos personas del mismo sexo?

Me inclino por un sistema como el francés, basado en un pacto de convivencia, al que se dan efecto similares, pero no iguales al matrimonio y respeta la libertad de obligarse.

¿Se debe reconocer la posibilidad a las parejas del mismo sexo para adoptar niños?

Sí, si en el caso, esa es la mejor solución para el interés superior del niño; por ej., porque ese niño ya vive con esa pareja.

Semanas atrás, el Procurador General de la Nación dictaminó a favor de otorgar pensión por viudez a parejas homosexuales. ¿Cuál es su postura?

Favorable. La seguridad social no debería distinguir la protección según cuál sea la orientación sexual.

¿La Justicia corre en desventaja con respecto a nuevos planteos como lo pueden ser la donación de esperma, el alquiler de vientres o la eutanasia?

Corre sin instrumentos legales necesarios; el legislador debe asumir la responsabilidad política de enfrentar estos temas y dar soluciones normativas.



sergio farella / dju
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