La apelación del gobierno nacional por la inconstitucionalidad del decreto de necesidad y urgencia 430 dictada por la Cámara del Trabajo, llegó a la Corte Suprema de Justicia mediante un recurso de queja, y la solicitud de un pronunciamiento del Procurador General se constituyó en el puntapié inicial para el tratamiento del ajuste salarial en el máximo tribunal de Justicia.
La Cámara del Trabajo había rechazado el recurso extraordinario que oportunamente presentó el gobierno nacional a través de la Procuración del Tesoro, en la causa por la cual el juez de primera instancia Enrique Arias Gibert, planteó la inconstitucionalidad del decreto por el cual el gobierno recortó los sueldos de los trabajadores estatales entre un 12 y un 15 por ciento, a raíz de una presentación efectuada por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).
Al ratificar la Cámara laboral ese fallo y rechazar el recurso extraordinario interpuesto por el procurador Ernesto Mercer, el tribunal de alzada remitió nuevamente el expediente a Arias Gibert.
Por esa razón y al hacerse lugar al recurso de queja, la Corte debió pedir las actuaciones al juez de primera instancia, de acuerdo con la versión hecha pública hoy por la Oficina de Prensa del máximo tribunal de justicia, ante la incertidumbre generada en torno a la posibilidad que se hubiera aplicado el "per saltum".
Sin embargo, las dudas sobrevivieron al terminar la semana judicial, ya que el procurador general Nicolás Becerra, hizo saber que él no había recibido ningún otro expediente que no fuera el del recurso que presentó una joven hija de desaparecidos que se niega a la realización de un examen de ADN.
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