El presunto espía Pablo Carpintero se negó a declarar ante la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, en el marco de una causa por presunto espionaje informático a varios políticos y jueces, entre ellos la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti. Fuentes judiciales informaron a su vez que la jueza rechazó un pedido de excarcelación, por lo que la defensa apeló la medida ante la Cámara Federal de San Martín. Carpintero está acusado de integrar una banda dedicada a espiar las computadoras de varios personajes importantes para así luego comercializar la información que obtenían. Entre las víctimaas, también están el ex jefe de Gabinete Alberto Fernández, Hilda “Chiche” Duhalde, la conductora televisiva Susana Giménez y Gerardo Sofovich , entre otros
Confirmaron procesamiento en la causa Skanska
La Cámara en lo Penal Económico confirmó el procesamiento por el delito de evasión simple contra el responsable de una empresa sospechada de haber factura servicios que no se habrían realizado a la multinacional Skanska a través de facturas apócrifas. La medida recayó en Pedro Carrozo de la empresa Darom Construcciones SR a quien además la Cámara le confirmó un embargo de 500 mil pesos sobre sus bienes. Los jueces Marcos Grabivker, Nicanor Repetto y Roberto Hornos sostuvieron en su resolución que el accionar de Carrozo “lo habría hecho con el dolo requerido por el delito que se le imputó, atento a que la emisión de comprobantes apócrifos, en principio, no podría haber tenido otra finalidad que la comisión de una evasión tributaria”.
Se conocieron los fundamentos [texto completo]
La Sala I de la Cámara en lo Criminal y Correccional Federal dio a conocer los fundamentos del sobreseimiento a los diez alumnos procesados por la toma del Rectorado de la UBA. Los estudiantes habían sido imputados por secuestro coactivo agravado, al haber ingresado al salón mientras se desarrollaba la sesión del Consejo Superior ocurrida el 28 de mayo de 2008. Los manifestantes querían evitar el cierre de la sede del Ciclo Básico Común de Merlo, provincia de Buenos Aires. Según la Justicia, el conflicto suscitado “no es uno que le interese al derecho penal… sino un conflicto universitario, entre autoridades y estudiantes y a partir de un asunto claramente de la incumbencia de la universidad, y que se solucionó entre esos mismo actores sin necesidad de recurrir al aparto punitivo del Estado”. Según la Cámara “la criminalización actual de esas conductas, por ende, no encuentra justificativo, pues el ejercicio del poder punitivo del Estado está limitado a la solución de un conflicto que en este caso se muestra inexistente”.
Pidieron que se les devuelva el dinero que pagaron
La Agrupación de Vecinos Malditos Parquímetros (AVMP) presentó hoy en la sede de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, a cargo de Alicia Pierini, una denuncia contra el Gobierno porteño por las boletas emitidas en los barrios donde fueron retirados los parquímetros y reclamó su mediación para anularlas. La presentación judicial señala que las multas aplicadas “nunca fueron avaladas por la legislatura por lo que son nulas”. Sin embargo, el jefe de Gobierno, Mauricio Macri, expresó públicamente que habrá que pagarlas. “El sistema estaba puesto a prueba durante 90 días. Se terminó el tiempo y quitamos los parquímetros para evaluar la situación, pero las multas que se hicieron por no cumplir con la norma, las tendrán que pagar”, dijo Macri este martes en respuesta a una nota presentada por los vecinos el día anterior. Los vecinos pidieron que, más allá de anular las boletas que ya se hicieron, se les devuelva el dinero a los que pagaron. En San Telmo, Once y Recoleta, tras el levantamiento de los parquímetros comenzó nuevamente a regir el libre estacionamiento.
Tasas de justicia para los procesos de mediación en San Luis
En concreto las causas iniciadas ante el Centro de Mediación Judicial abonarán en concepto de tasa de justicia el 40% del monto que corresponde abonar en concepto de tasas de justicia en un proceso iniciado ante los tribunales, con una devolución de hasta el 50% de la tasa de justicia abonada para los procesos que sean remitidos por los juzgados. Así lo estableció la ley Impositiva Anual 2009. De igual manera, prevé la aplicación de tasa cero en los procesos atinentes a alimentos, administración de los bienes conyugales y derecho de archivo.