De esta manera, se espera la trasmisión al Máximo Tribunal, de los recursos humanos, materiales, financieros y presupuestarios afectados a su funcionamiento. A su vez, la Corte asumió otro tipo de tareas, como el ejercicio de la seguridad y vigilancia de los jueces y tribunales, y la aplicación del Régimen de Pasantías.
Además, tomará el control en cuanto a la autorización para el ejercicio de la docencia por parte de los magistrados del Poder Judicial, la aplicación del régimen de licencias para los jueces, funcionarios y empleados, el régimen de percepción de bonificaciones por títulos, y a los requerimientos de pago de retribuciones por subrogaciones en los tribunales de la Nación. Estos temas fueron encomendados a la Secretaría General y de Gestión, quien será la encargada de supervisar y coordinar las tareas.
En el escrito, se puntualizó que si bien el Consejo de la Magistratura reiteradamente había sostenido que estas competencias le correspondían, la entidad manifestó que el cumplimiento de tales cometidos había importado una sobrecarga de actividades en dependencias centrales de ese órgano, “circunstancia que, de persistir, constituirá un obstáculo creciente para la cabal ejecución de las competencias propias”.
El Consejo sostuvo que “resulta imperativo solicitar a la Corte que reasuma esas funciones delegadas”, aclarando que “tal requerimiento es por demás pertinente toda vez que la Corte, en orden a sus competencias constitucionales y sus originarias atribuciones en materia de superintendencia, es titular de aquellas funciones vinculadas con la gestión de los recursos humanos del Poder Judicial de la Nación, área que comprende a las decisiones en materia salarial y a la creación, modificación y supresión de cargos”.
Por último, señaló que la fijación con precisión del ámbito de las competencias inherentes a uno y otro órgano, “no sólo simplifica su actuación, sino que permite que la comunidad perciba con claridad cuáles son las funciones que les corresponde ejercer a cada uno de ellos.”
En virtud de lo expuesto, la Corte estimó que eran atendibles los fundamentos brindados por el Consejo, por lo que aceptó asumir dichas competencias, las cuales habían sido oportunamente delegadas por el Máximo Tribunal al órgano en cuestión. La comunicación, fue firmada por los ministros Lorenzetti, Highton de Nolasco, Fayt, Petracchi, Maqueda, Zaffaroni y Argibay.