La causa se inició cuando el concesionario Amarilla Automotores S.A. promovió una medida cautelar en el juzgado de Skidelsky, a fin de restablecer la vigencia del contrato de concesión que la unía con Scania Argentina S.A., este último con domicilio social en Capital Federal.
El 13 de mayo de 2005, el magistrado optó por hacer lugar a la medida cautelar y ordenó a Scania de Argentina SA poner en vigencia el contrato de concesión rescindido por la concedente.
“La causal invocada, (pérdida de confianza) no justificaría liminarmente la extinción de un contrato de casi treinta años, pues estos se deben ejecutar conforme a la buena fe que tuvieron las partes al celebrarlos, siempre existe un consensualismo, y este tiene siempre un fundamento moral, que ante el incumplimiento, [le] corresponde como juez, imponer su cumplimiento”, había aducido Skidelsky.
Luego, el juzgado comercial Nº 11 planteó la inhibitoria al juzgado de Skidelsy, y a su vez la firma Scania pidió la incompetencia de la causa en este último juzgado, por cuestiones de domicilio de la empresa, y tras un fallo desfavorable en la Cámara Federal de Resistencia, la empresa interpuso recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia.
Así, el máximo Tribunal resolvió que el expediente debía ser investigado por el juez Comercial Nº 11 de la Capital Federal, y a su vez remitió al Consejo las actuaciones llevadas a cabo hasta el momento.
"La sentencia recurrida carece de una adecuada fundamentación y traduce un obrar con evidente apartamiento de las constancias de la causa y de la normativa aplicable", consideró la Corte, al remitir la causa al Consejo.
Ahora, por mayoría, el plenario del Consejo desestimó el pedido de juicio político contra Skidelsky, en base a que los elementos de remoción no eran suficientes para tal fin, y optó por fijar una multa económica del 30 por ciento sobre su sueldo. El otro de los sancionados
El Consejo también sancionó al titular del Juzgado Federal de San Luis, Juan Esteban Maqueda, por su “grosero apartamiento de las normas vigentes” y “falta en el cumplimiento de sus deberes”.
La misma fue aplicada luego que el magistrada reconoñciera el pretendido Congreso del Partido Justicialista (PJ) realizado en Potrero de los Funes el 6 de julio 2007, y cuyas resoluciones fueron revocadas posteriormente por las instancias superiores. Bonadío, firme en su cargo
Tras varios años de tramitar en su contra una denuncia por mal desempeño en una causa en la que metió preso a dirigentes Montoneros por la llamada “Contraofensiva” de 1979, finalmente el plenario del Consejo de la Magistratura resolvió desestimar la acusación contra el juez federal Claudio Bonadío.
El plenario del Consejo con 11 votos, en línea a cómo lo había hecho la Comisión de Acusación y Disciplina semanas atrás, desestimó un pedido de juicio político contra el magistrado, cuya denuncia databa del año 2003.
La denuncia se había originado luego que la Cámara Federal revocara un fallo de Bonadio, quien había dispuesto la detención de los dirigentes de Montoneros Fernando Vaca Narvaja y Roberto Perdía, y a su vez solicitado la captura internacional de Mario Firmerich
En su resolución, la Cámara había considerado como “arbitraria y sin sustento probatorio” la prisión preventiva impuesta por el juez Bonadio. Los tres consejeros designados por la causa Bulacio
El presidente del Consejo de la Magistratura, Mariano Candioti, y los consejeros Nicolás Fernández y Ernesto Sanz fueron designados, por sorteo, para investigar las presuntas irregularidades en que habrían incurrido una gran cantidad de jueces que intervinieron en la causa por la muerte del joven Walter Bulacio.
Así se resolvió en el sorteo realizado en la Comisión de Acusación y Disciplina, y para corresponder al pedido de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual advirtió morosidad en el expediente abierto hace 17 años, luego que el joven falleciera tras asistir a un recital y ser detenido por efectivos de la seccional 35 de la Policía Federal.
Durante el plenario del consejo, el juez y consejero Luis María Bunge Campos decidió excusarse en el expediente, ya que-según explicó- integra una Sala de la Cámara del Crimen que tiene planteos pendientes de la causa.
Mientras tanto, la viceministro de Justicia y consejera Marcela Losardo aseguró que el ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Aníbal Fernández, se ofreció para “digitalizar” el voluminoso expediente por la muerte del joven, para “facilitar el estudio” de los consejeros.