La Segunda Sala del máximo tribunal de Chile acogió un exhorto que permitirá al magistrado viajar a la Argentina para recabar antecedentes sobre la muerte de 119 opositores al gobierno de Augusto Pinochet en la llamada "Operación Colombo", que las autoridades de la época atribuyeron a enfrentamientos. La diligencia permitirá al juez Guzmán conocer detalles del proceso que instruye la magistrada argentina María Servini de Cubría sobre el asesinato en Buenos Aires de Prats y su esposa, Sofía Cuthbert.
El general Prats murió en un atentado con explosivos perpetrado por agentes de la entonces Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) el 30 de septiembre de 1974 en el barrio de Palermo.
Carlos Prats fue el antecesor de Augusto Pinochet al frente del Ejército y durante el gobierno del socialista Salvador Allende (1970-1973) fue ministro de Interior y de Defensa y ejerció además la vicepresidencia de la República. En relación con este doble homicidio hay un solo procesado: el chileno Enrique Arancibia Clavel, quien está preso en una cárcel de Buenos Aires desde enero de 1995 bajo la acusación de haber pertenecido a la DINA y de haber facilitado medios para perpetrar el atentado.
La jueza Servini interrogó por ese caso en diciembre pasado al ex jefe de la DINA y general retirado Manuel Contreras y su lugarteniente en el organismo, el brigadier Pedro Espinoza. Asimismo, en junio pasado tomó declaración a Raúl Iturriaga, ex jefe del departamento exterior de la DINA; su hermano Jorge, civil que fue agente de la DINA, el brigadier José Zara y el general retirado Sergio Arellano Stark, quien está procesado en Chile por el secuestro calificado de 19 detenidos pocos días después del golpe de Estado de 1973.
La "Operación Colombo" marcó el inicio del denominado "Plan Cóndor", por el que se implementó una acción coordinada entre las policías secretas de las dictaduras del Cono Sur (Chile, Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay). La "Operación Colombo" dio los primeros indicios de que los detenidos en Chile eran asesinados y sus muertes atribuidas luego a enfrentamientos. Las listas con los nombres aparecieron publicadas en dos revistas en 1975. El semanario argentino "Lea", en un artículo titulado "La ´vendetta´ chilena", señaló en su número del 15 de julio de 1975 que la lucha interna en el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) había originado el asesinato de 60 militantes del grupo en diferentes países de Latinoamérica y Europa y detallaba sus identidades.
Nueve días después, el diario "Novo O´Día", de Curitiba, Brasil, informó de que otros 59 "miristas" habían muerto en enfrentamientos con fuerzas de la policía argentina en Salta. De acuerdo con la investigación de la Comisión Rettig, que en 1991 estableció la verdad de lo ocurrido en materia de derechos humanos en Chile durante el régimen militar (1973-1990), las 119 personas que aparecieron muertas en el ámbito de esta operación habían sido detenidas por agentes del Estado. Asimismo, se estableció que las supuestas salidas a la Argentina que señaló el régimen eran falsas y que esas personas habían desaparecido después de ser interrogadas bajo tortura en centros de detención clandestinos de la policía política de la dictadura.