Primero fue la chapa blanca, pero como yo no tenía auto, a mí no me importó.
Enseguida fue la prohibición de dar clases, pero como yo no soy profesor, tampoco me importó.
Después había que mostrar las declaraciones juradas, pero como yo no tengo nada, tampoco me importó.
Luego insistieron que los jueces debían pagar impuesto a las ganancias, pero como yo los pago desde siempre, tampoco me importó
Y ahora vinieron por mí… pero ya es tarde…
No se trata de una versión trucha de Cipe Lincovsky recitando por enésima vez los conocidos versos atribuidos a Bertolt Brecht (aunque sean del pastor luterano Martin Niemöller), sino simplemente la semblanza de una secuencia donde todas fueron de perder y ninguna de ganar, para los jueces. Ese parece ser el nuevo viento de los tiempos de estos últimos años. Los integrantes del Poder Judicial, igual que toda la dirigencia, venían en una baja consideración de la sociedad, pero la hecatombe económica del 2001 / 2002 los mostró preparados para asumir responsabilidades durante la crisis. Casi sin darse cuenta, terminaron siendo el único refugio de la gente cuando buscó alguna certidumbre acerca de la vulneración de sus derechos. Pero el crack pasó, los bancos volvieron a funcionar y a hacer publicidades de gente sonriente pidiendo préstamos a troche y moche, la economía hoy está viento en popa y los jueces no supieron capitalizar ese posicionamiento favorable que les habían dejado los años en que tocamos fondo.
Los políticos, siempre atentos al mejor aprovechamiento de las circunstancias, tuvieron que tratar de ganarse nuevamente el favor del público, y qué mejor que mostrarse justicieros y preocupados por el prójimo, señalando a un grupo minúsculo de supuestos privilegiados. Debilitar al poder de los jueces es un juego interesante que enerva parte de los mecanismos de control. Por eso, independientemente de casos individuales, termina siendo un mal negocio.
BADARO, FERNÁNDEZ, PICHETTO, BISORDI
Una prueba de ello, es la agria alocución que le espetó el jefe de la bancada oficial del Senado, Miguel Ángel Pichetto, a Don Ricardo Lorenzetti tras la difusión del fallo “Badaro” acusándolo de actuar en función de “su prestigio personal" y no pensando en los intereses del país. Acto seguido y como efecto post Badaro, en su despedida del Senado, Cristina no se privó de reclamar que los jueces paguen el impuesto a las ganancias, pensando que así pegaba donde dolía bastante. Como una paradoja del destino, lo más elogiado de la gestión de su marido en relación con la Justicia (los nuevos ministros de la Corte), termina siendo la primer “molestia” inaugural en la gestión de la nueva presidenta.
Los magistrados son una especie de backup institucional, que no vale la pena debilitar tanto. En el 2002 fueron el mecanismo en que se reinició la institucionalidad argentina en modo “a prueba de fallos” (como hace Windows después de un patatús informático). Sin embargo, el Poder Judicial no pudo aprovechar sus breves meses de luna de miel con la gente para mejorar su imagen de hoy. Esto de que los jueces son corporativos es un lugar común, un latiguillo habitual, pero lo cierto es que los magistrados no saben como defenderse como grupo. Los acusan de corporativos para que se esfuercen en demostrar que no lo son, y la manera de demostrarlo es no ser solidarios entre sus pares. La famosa familia judicial es una gran mentira, un mito urbano de profunda raigambre. La clase política señala a los jueces porque éstos tienen, históricamente y salvo algunas excepciones, un perfil conservador que no se tienta con la confrontación pública. Por otra parte, si bien tienen una agremiación formal que hace las veces de voz institucional, en los hechos cuando un juez tiene un problema es responsabilidad de cada uno encontrar la manera de afrontarlo. Esta idea de mostrarlos frente a la gente como un grupo de privilegiados que no paga impuestos, trabaja poco y tiene patrimonio “non sancto” que ocultar, crea cierta irritación y una paradoja. La gente que tiene que contar con ellos como último refugio para sus derechos, no les tiene confianza. Para el poder político es negocio hacerlos enfrentar con la ciudadanía porque es una forma de debilitarlos, independientemente de quien sea el juez de turno o el asunto que haya que resolver. El juego es esmerilar la edificación de un poder que ponga en riesgo en algunos casos y en algunos momentos, el avance de los otros poderes. Se trata de un discurso seductor, de fácil penetración en la opinión pública, pero de amargas consecuencias.
Por su parte el nuevo gobierno de Cristina, pareció ya diseñar su política judicial para los tiempos que vienen, repitiendo un esquema que le dio éxito a su saliente marido en su momento, con la designación de Béliz al frente del Ministerio de Justicia. Gustavito cumplió a pie juntillas la misión de descabezar a la Corte Suprema nazarenista y ofrecer un elenco de ministros prestigiosos más presentables para la sociedad. Ahora le toca el turno a Fernández, un leal escudero del matrimonio Kirchner, que tiene una misión que parece hacer reverdecer aquellos tiempos, con la diferencia que no será, obviamente la Corte Suprema sino el tribunal que le sigue en importancia el destinatario de sus esfuerzos. Todo indica que los dardos se posicionaron hacia la Cámara de Casación, la virtual Corte penal de la Nación. Fernández no empezará de cero esta nueva gesta institucional. Ya tuvo un test match anterior verbal con el “díscolo” Alfredo Bisordi y su posicionamiento como Ministro de Justicia del nuevo gobierno dice de por sí de que está autorizado a seguir con el trabajo iniciado. Sólo el tiempo dirá como se compatibiliza con el discurso de mejoramiento de la calidad institucional que propuso la ya hoy ex primera ciudadana, que al parecer viene dispuesta a recoger los dulces frutos del esperado cambio. Ver para creer.