Estadía de 80 días en la cárcel

Tal como lo destacó ayer el Director de Políticas Penitenciarias de Brasil en una nota publicada por Diariojudicial.com, la superpoblación es el principal problema de las cárceles brasileras. Sin embargo, a diferencia de lo que ocurre en Argentina, Andre Luiz de Almeida e Cunha destacó que el 66 por ciento de los presos de su país ya tienen condena firme y que la cantidad de detenidos con prisión preventiva es baja porque su plazo no puede superar, en la generalidad de los casos, los 80 días.

“La legislación procesal no tiene un tiempo de duración claro para la preventiva, el tiempo máximo se calcula con los plazos previstos para cada uno de los pasos del proceso”, explicó el funcionario brasilero, que la semana pasada visitó Argentina en el marco del segundo encuentro sobre la tutela de los derechos en las cárceles, realizado en la facultad de Derecho de la UBA.

Así, el tiempo de la prisión preventiva en Brasil no puede superar, en la mayoría de los casos, los 81 días, ya que ese es el tiempo que da la suma total de las etapas individuales del proceso. “A partir de ahí, el defensor puede pedir la excarcelación alegando exceso en los plazos”, dijo De Almeida, que agregó que en teoría ese criterio procede para cualquier causa.

De todos modos, aclaró que hay decisiones de la Corte brasilera en las que se deniega la libertad cuando las demoras del proceso fueron causadas por la defensa del imputado o por pedidos dilatorios. Pero si la demora es del Estado, va a cesar la preventiva mientras prosigue la causa.

En Argentina, la cuestión en distinta. El plazo para la privación de la libertad durante el proceso está previsto por la ley 24.390 y es de dos años, prorrogable por otro año más. En ese marco normativo, los números indican que de los 70.000 detenidos que hay en todo el país, el 60% -unos 42.000- aún no tienen condena firme.

De Almeida también explicó que si bien el plazo de 81 días es para la generalidad de los casos, hay causas que tienen plazos diferenciados, como por ejemplo los de tráfico de drogas, por ser considerado un delito especial. Allí, el proceso no puede durar más de 60 días.

Las razones para no extender por más tiempo la prisión preventiva, consideró el Director de Políticas Penitenciarias de Brasil, se debe a que cerca del 65 % de los detenidos de ese país están presos por robo o hurto, delitos para los que el código penal les prevé una pena de 6 a 8 años. “Si el plazo de preventiva fuese de dos años, cuando se dicta la sentencia, el condenado no tendría la posibilidad de someterse al régimen de progresividad de la ejecución de la pena y a los beneficios de la semidetención o la libertad condicional, porque han pasado mucho tiempo presos preventivamente”, sostuvo De Almeida.

Por otra parte, hay otros dos problemas que afectan las cárceles de Brasil: la situación de los hijos de mujeres detenidas y la delincuencia juvenil.

Sobre la primera cuestión, De Almeida comentó que está siendo estudiada una reforma en la ley de ejecución para incluir un periodo mínimo para que los niños permanezcan con sus madres, ya que actualmente eso lo regula cada estado y los tiempos son variados.

Además, remarcó el problema estructural en este tema, ya que solo la mitad de las cárceles para mujeres fueron construidas para tal fin, el resto fueron adaptadas y por eso no contemplan las condiciones necesarias para que una madre y su hijo puedan vivir en condiciones. “Es mala la infraestructura para recibir a los chicos”, reconoció De Almeida.

En cuanto al tema de los menores, señaló que “la delincuencia juvenil es muy elevada” y que actualmente hay cerca de 40 mil jóvenes custodiados en distintos establecimientos.

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