La Comisión de Acusación fundó esa decisión en la necesidad de que quienes denuncian se deban identificar con nombre y apellido, domicilio real y número de documento, a los fines de citarlos si es necesario para que amplíen o ratifiquen la misma.
. La decisión se tomó hoy durante una reunión de la Comisión al no darle curso a una denuncia anónima que llegó a la Oficina Anticorrupción , que preside José Massoni y depende del Ministerio de Justicia de la Nación. Allí se denunció el presunto enriquecimiento ilícito de la jueza correccional Mónica Atucha de Ares.
La denuncia se basó en una información de movimientos bancarios, cuentas corrientes, transferencia, saldo y demás documentación que se obtuvo a través de Internet de la cuenta bancaria que la magistrada tiene.
Los consejeros, entre ellos el senador Augusto Alasino y el diputado Melchor Cruchaga, debatieron acerca de que el Consejo debe tener una reglamentación en torno a las denuncias, donde obligadamente debe aparecer el nombre del denunciante en el remitente del sobre que contiene la denuncia. Si el denunciante no quiere que su identidad trascienda, habría posibilidad de brindarle una protección.
El legislador Melchor Cruchaga, en conversación telefónica con Diariojudicial.com, aseguró que “la Comisión de Acusación decidió no darle curso a la denuncia, porque no se adecua al reglamento”, y que “la Oficina Anticorrupción lo envió al Consejo por ser un anónimo”. “Sin perjuicio que ese anónimo mencione datos de un juez sobre operaciones bancarias que aparecen en internet, no significa que haya delito”.
Asimismo, una fuente allegada a ese cuerpo, manifestó en base a la denuncia que remitió la Oficina Anticorrupción que “los consejeros no cumplen la función de los fiscales”. “La denuncia se tendría que haber enviado a donde corresponda”.
Acerca de la causa que se le sigue al juez federal de Mendoza, Luis Leiva, se planteó la posibilidad de citar según el artículo séptimo a integrantes de la Cámara Federal de Mendoza, en torno a la rueda de testigos, -varios jueces ya fueron citados- por presunto mal desempeño en el ejercicio de su función. Se trata del presidente de la Cámara Federal de Mendoza, Luis Miret, el juez Julio Petra, miembro de la Sala “A” de la Cámara, Alfredo Rodríguez, juez de primera instancia, María Balmaceda de Baquer, fiscal de Cámara y María Alejandra Obregón, fiscal de primera instancia.