Cortese aportó documentación sobre la adjudicación y entrega de un subsidio a la organización CREAS, por 250 mil pesos, en 1993. Además, señaló que en el juzgado de Ballesteros existe otra "denuncia similar pero de menor cuantía". Cortese explicó que sospecha que "podría haber existido" una "conducta sostenida" en la que se entregaban subsidios para, como en el caso de CREAS, realizar construcciones, pero en realidad -de acuerdo con su denuncia- se trataría de una "maniobra encubierta" de posible enriquecimiento ilícito. Por lo tanto, Cortese podría solicitar una auditoría general sobre la Secretaría para que se evalúe si existieron otros casos o una operatoria implementada "ex profeso". En este caso, se alude puntualmente al convenio suscripto, en 1993 y por 250.000 dólares, con la Fundación CREAS (un centro de rehabilitación de adicciones), para la compra, refacción y equipamiento de un inmueble para la instalación de un centro asistencial. Según el funcionario, "al pretender rendir cuentas (las autoridades de CREAS) acompañan facturas supuestamente apócrifas, donde se detallan operaciones inexistentes" y que, de ello, se puso en conocimiento, entre otros, a la Dirección General Impositiva (DGI).
En el marco de las investigaciones realizadas por la Secretaría se dispuso la constatación "in situ" del inmueble denunciado por la Fundación para justificar la inversión del dinero recibido. En ese predio se constató que "sólo había cimientos de una antigua construcción", dijeron los denunciantes, que señalaron que en los próximos días presentarán ante la justicia otro caso semejante al de la Fundación CREAS dirigida por María Inés Bazán.