Para la representante del Ministerio Público, Ratazzi -hijo de Susana Agnelli, ex canciller de la República Italiana- es "autor penalmente responsable del delito de instigación al contrabando agravado por la participación de dos o más personas", con una pena máxima de diez años de cárcel. Además, Dellarrolle solicitó para Ratazzi la inhabilitación por 10 años para ejercer actividades comerciales, por ocho años para importar y exportar vehículos y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
Según entiende la fiscal, la maniobra consistió en introducir un automotor marca Alfa Romeo 164, modelo 1989, "en carácter de importador, valiéndose para su pago de la Banca Nazionale del Lavoro”, entidad de la cual Ratazzi integraba el directorio a la fecha del hecho.
La funcionaria señaló igualmente que "el dolo se produjo al inducir a engaño al servicio aduanero respecto al destino final que se daría a la unidad importada e introducida con visos de legalidad pero desnaturalizando, al fin, la esencia y fundamentos tenidos en miras por la normativa legal vigente". Denunció igualmente "un concierto previo entre los procesados que permitió arribar al resultado dañoso requerido" para formular la acusación. El beneficio de la importación del vehículo con franquicia para discapacitados fue otorgado en favor de Mario Rubén Sokolowicz, lisiado por una poliomielitis, quien dijo haber pagado por el rodado la suma de 20.900 dólares.
Sin embargo, el auto fue utilizado por Alejandro de Anchorena, quien tenía un poder a su nombre. Según Sokolovikz, Anchorena retiró el auto de la aduana y se lo llevó a su domicilio, pero el discapacitado -en argumento que la fiscal consideró "pueril"- no lo utilizó porque dijo estaba aquejado de un malestar. Por otro lado, la fiscal pidió para Anchorena la pena de tres años y tres meses de prisión y para Sokolowicz, dos años y ocho meses, ambos en carácter de coautores del mismo delito.