El auge de los derechos ambientales y la proliferación de casos judiciales que involucran al Medio Ambiente es una realidad. El ejemplo más claro, quizás, es el conflicto por las papeleras, que desencadenó una reacción importante de la sociedad civil y de los poderes políticos. Luego, la causa del Riachuelo llegó a la Corte Suprema y a los medios de comunicación. En ese contexto, un integrante de la Justicia acaba de presentar un proyecto para crear tribunales ambientales en la provincia de Neuquén. Se trata del vocal del Superior Tribunal de Justicia Jorge Sommariva.
La iniciativa de Sommariva, presentada en público recientemente, durante un Congreso Internacional de Medio Ambiente que tuvo lugar en Villa La Angostura, propone crear tribunales ambientales para prevenir daños ambientales urbanos y rurales e investigar los conflictos que éstos generan.
El proyecto habla de tribunales integrados por tres jueces de primera instancia (con sede en la capital neuquina), que serán elegidos de acuerdo a los mecanismos constitucionales vigentes. Los jueces elegidos deberán tener y acreditar especialidad en la materia ambiental y rendir un examen de conocimiento y especialidad. La iniciativa contempla además la creación de un fiscal ambiental en cada una de las cinco jurisdicciones en que se divide la provincia.
El art. 6º establece que se encuentran legitimadas para actuar ante la Justicia Ambiental las personas damnificadas por el hecho; el defensor del pueblo de la provincia de Neuquén; los defensores del pueblo de cada municipio de la provincia; las organizaciones no gubernamentales que resguarden el medio ambiente y se encuentren debidamente registradas; el fiscal ambiental ante la comisión de algún delito contra el ambiente y el Fiscal de Estado.
“El proyecto es fundamentalmente preventivo de situaciones de daños ambientales y los consecuentes conflictos, tarea que llevarán adelanten los fiscales quienes observarán y recibirán las denuncias”, explicó Sommariva. Y agregó: “para tal fin deberá crearse un Código de Procedimientos ajustado al futuro Código Procesal Penal de la provincia”.
Según el artículo 14, el Tribunal puede, de oficio o a pedido de parte, en cualquier etapa del proceso, disponer la aplicación de medidas cautelares a fin de cesar el hecho que pudiera provocar daño ambiental si la gravedad y urgencia del hecho lo ameriten.
El procedimiento ante los tribunales ambientales también tendría sus características especiales.
“La acción se iniciará ante los Tribunales Ambientales en forma oral o escrita, adjuntando toda la prueba documental que se intentare hacer valer”, indica el artículo 24.
Luego, se establece una audiencia de conciliación para aquellas causas en las cuales no se encuentre comprometido el orden público ambiental. Sino las partes deberán pasar por la “Audiencia Preliminar”. En tercer lugar, se prevé una “Audiencia de Juzgamiento”, que se desarrollará con la presencia de un Juez del Tribunal, salvo que se pida que se integre el Tribunal en pleno. “La audiencia será pública y el debate oral”, dice el artículo 26.
La sentencia de los tribunales ambientales podrá contener las siguientes sanciones: apercibimiento; multa; clausura; obligación de hacer o no hacer o dar; y recomposición del ambiente y/o indemnización sustitutiva. Esta última será para garantizar la calidad ambiental, la prevención y mitigación de efectos nocivos sobre el ambiente, la atención de emergencias ambientales, o la protección, preservación, conservación o compensación de los sistemas ecológicos y el ambiente en la provincia.
Según el autor de la iniciativa, el proyecto es muy novedoso, incluso a nivel mundial. “No hay antecedentes en el mundo de tribunales ambientales con éstas características, sólo en Nueva Zelanda existe una iniciativa similar”, dijo Sommariva.
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