El debate legislativo sobre los delitos informáticos, que incluye el tratamiento de la violación del correo electrónico, continuó esta semana en una subcomisión de asesores creada especialmente para tal fin. Del encuentro participaron el fiscal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, Ricardo Saenz, a cargo de la Comisión que investiga delitos informáticos dentro del Ministerio Público, y el decano de la Facultad de Informática de la Universidad de La Plata, Javier Díaz.
La subcomisión, integrada por asesores de los diputados que forman parte de las comisiones de Comunicaciones e Informática y de Legislación Penal, escuchó las opiniones de los dos expertos y comenzó a estudiar un conjunto de proyectos (son seis en total) que buscan penalizar una serie de delitos informáticos.
La idea es trabajar en
un proyecto que unifique las iniciativas presentadas en el ámbito de la Cámara de Diputados. Para eso habrá al menos
cuatro reuniones más los días martes, a las 11 horas. Sin embargo, solo dos de los proyectos (ver archivo adjunto) platean una reforma integral dentro del Código Penal, en cuanto a delitos informáticos se refiere. El resto apunta únicamente a castigar la violación del correo electrónico.
La necesidad de penalizar este delito, desde ya, tomó mayor impulso cuando varios periodistas, de distintos medios, denunciaron que sus correos electrónicos habían sido hackeados.
Entre los diputados, la polémica se generó en torno a la posibilidad de determinar si la violación de las telecomunicaciones es un delito penal y, por otro, si el correo electrónico necesita regulación especial o no, para que la Justicia pueda aplicar castigos.
En su exposición, el fiscal Saenz le recordó a los asesores que ya existe un
anteproyecto de ley de delitos informáticos. Esa iniciativa fue redactada por una Comisión especial creada el 4 de marzo de 2005 por resolución conjunta de los ministros de Justicia y de Relaciones Exteriores.
Esa Comisión (tenía cerca de diez integrantes, entre los que figuraba Juan Antonio Travieso, actual titular de la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales) trabajó durante 4 o 5 meses y elaboró
una propuesta integral que consta de 16 artículos. La misma hace referencia, entre otras cosas, al daño informático, a la estafa informática, a los delitos contra la privacidad y a la pornografía infantil en internet.
Los proyectos de ley
Una de las iniciativas, presentada por la diputada kirchnerista, Diana Conti, y respaldada por el titular del bloque, Agustín Rossi, propone modificar el Código Penal e igualar la intromisión en correos electrónicos con la de la correspondencia. Ese proyecto (2991-D-06) también prevé penas de hasta diez años de prisión cuando el autor del delito fuere un funcionario público o integrante de las fuerzas armadas o de seguridad.
El proyecto impulsado por Delia Bisutti, del ARI, propone modificar el artículo 153 del Código Penal e incluir penas de 15 a 6 meses de prisión para quien abra un correo electrónico y de 1 mes a 1 año si el culpable “comunicare a otro o publicare el contenido de la carta, correo electrónico, escrito o despacho”.
Otra de la iniciativas en danza es del diputado salteño Andrés Zottos, que también propone penas de 15 días a 6 meses para quien viole correos electrónicos. No obstante, este proyecto incluye un capítulo especial dedicado a la
comercialización de material pornográfico. De hecho, establece una pena de 1 a 4 años de prisión para aquellos que realicen esa actividad.
El artículo 8 de esa iniciativa (985-D-05) dice que “será reprimido con prisión de uno a cuatros años el que, por medio de una computadora o sistema de computación, exhiba, transmita o comercialice material pornográfico relativo a la persona o a la imagen de un menor de edad.” Además agrega que “cuando la víctima fuere menor de trece años la pena será de dos a seis años de prisión”.
Los otros tres proyectos son de los diputados
Dante Canevarolo, Marta Osorio y Silvia Martínez. Este último propone la creación del Equipo contra el Delito de Alta Tecnología Informática, dentro de la División Unidad Especializada de Crímenes contra Menores, dependiente de la Policía Federal.
dju / dju
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