16 de May de 2024
Edición 6967 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 17/05/2024

¡Cuidado! Alguien puede estar haciéndose pasar por Ud.

Cada día es más frecuente el robo de datos personales con la finalidad de causar un daño patrimonial. Antes los virus informáticos buscaban causar daños materiales en las computadoras, hoy se busca extraer datos personales con el fin de obtener un beneficio económico. Para conocer en profundidad esta problemática Diariojudicial.com dialogó con un especialista de esta área del Derecho.

 
La globalización y celeridad de las comunicaciones producen también la transformación de los delitos. El robo de datos con fines defraudatorios se ha vuelto moneda corriente no sólo en el mundo físico, sino también en la web.

Se estima que casi 100 denuncias por día se reciben en diversos organismos por robo de datos personales, de los cuales 40 de ellos se transforman en distinto tipos de fraude. Hay que tener en cuenta además, que al no contar todas las personas con los medios y la información sobre a quién recurrir, muchos de las sustracciones de identidades con fines fraudulentos permanece en el anonimato.

Es impensable la cantidad de casos que componen la cifra negra, robo de datos que no se denuncian.

El abogado Daniel Monastersky abrió un sitio web llamado Identidad Robada con información y consejos para evitar el robo de datos personales y, en caso de ya haberse perpetrado el hecho, informar a quién o dónde recurrir.

El especialista decidió abrir un portal sobre el robo de la identidad a partir de la gran cantidad de casos de este tipo que se le han presentado, tanto en el ámbito de internet, como el físico. El sitio cuenta con una aplicación interactiva en la que se invita al cibernauta a probar su conocimiento en las prevensiones en el robo de datos: Phishing .

Sustracción de datos.

El robo de los datos personales –especialmente la identidad de la persona- se realiza de diversas formas, ya sea por la sustracción de documentos personales –DNI, tarjetas de crédito, etc-, como espionaje de datos digitalizados a través de internet.

Éstas pueden tener como consecuencia el uso indiscriminado de los datos para obtener beneficios económicos –adquisición de bienes, obtención de créditos bancarios, entre otros-, poniendo en cabeza del verdadero titular de los datos obligaciones que no contrajo, e incluso sufriendo situaciones de mora cuyos gravámenes podrían ser difíciles de reparar, como por ejemplo aparecer como “irrecuperable” en los informes crediticios.

Antes la mayor parte de los casos de sustracción de identidades a través de la web se realizaban a entidades bancarias norteamericanas o inglesas. Actualmente, alrededor del 50% de los casos son entidades españolas o latinoamericanas. Esta estadística es consecuencia en gran parte de la falta de medidas de seguridad en el tráfico de datos, como también de errores materiales.

En Argentina, dos de los bancos más importantes admitieron off the record haber sido víctimas de intrusiones en sus bases de datos por parte de delincuentes, sin conocerse la cantidad de afectados en la sustracción de datos personales. También, una importantísima empresa de medicina prepaga admitió haber puesto a disposición de todos los cibernautas los archivos con información detallada de sus clientes, como consecuencia de un error de programación de su sitio web.

Es de fundamental importancia que más cantidad de personas tengan conciencia de la actualidad e importancia de la cuestión, para que estas puedan exigirles a quienes administran sus datos que tomen los recaudos técnicos necesarios –como obliga la Ley de Protección de Datos Personales 25.326-; como así también saber prevenirse tanto de los delincuentes de carne y hueso como de los cibernéticos.

También el Poder Judicial tiene su responsabilidad en la prevención de este tipo de delitos. Son muchos los jueces que todavía tienen graves desconocimientos en materia informática y algunos, por vergüenza o soberbia, minimizan las explicaciones de expertos en el tema. Muchas veces los abogados especializados en temas de alta tecnología, no sólo tienen que abogar por los derechos de sus clientes, sino que también tienen que llevar adelante una labor didáctica y de divulgación ante magistrados y funcionarios judiciales.



dju / dju
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