
El joven cordobés fue condenado a muerte por el asesinato de Paul Ray King, ocurrido en las afueras de la ciudad de Plano, Texas, en noviembre de 1995. La presentación de los abogados Stanley Schneider y Thomas Moran enfatizó el componente racial que tuvo en cuenta el jurado de la ciudad de McKinney para condenar a Saldaño a morir bajo la inyección letal.
Los argumentos fueron similares a los que presentaron los abogados Carlos Hairabedian y Juan Carlos Vega ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Fuentes allegadas a la defensa de Saldaño también señalaron que el procurador del condado judicial de Collin, Texas, remitió un escrito a la Corte Suprema de Estados Unidos defendiendo el proceso llevado a cabo en McKinney.
La expectativa está centrada en que el máximo tribunal norteamericano le otorgue a Saldaño la posibilidad de un nuevo juicio.
En caso de que la Corte se expida en favor de Saldaño, la causa deberá ser enviado nuevamente a Texas para que un nuevo tribunal lo juzgue.
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