Alderete ingresó a los tribunales federales de Comodoro Py minutos antes de las 11, acompañado por uno de sus abogados, Jorge Torlasco, y tras declarar ante el magistrado por más de dos horas se retiró, sin formular declaraciones a la prensa, por una puerta lateral del edificio, ubicado en el barrio porteño de Retiro. En esta causa, Ballesteros investiga si Alderete omitió denunciar ante la Justicia un pedido de “coima” que habrían hecho agentes del Pami durante su gestión a una clínica prestadora de la obra social de los jubilados.
El dueño de la clínica, que tenía un crédito para cobrarle al Pami, por una suma cercana a los 400 mil pesos, denunció ante Alderete que agentes, que según argumentó dijeron pertenecer a la obra social, se habían presentado en su clínica para ofrecerle agilizar el trámite a cambio de cobrar un comisión ilegal. Mientras Alderete declaraba ante el juez Ballesteros, un dictamen complicó al ex funcionario en otra causa, esta vez, a cargo del juez federal Rodolfo Canicoba Corral, quien investiga los supuestos delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y malversación de caudales.
Los fiscales Jorge Dahl Rocha y Gerardo Di Masi le pidieron a Canicoba Corral que solicite la declaración indagatoria de la ex funcionaria del Pami, Cristina Domínguez, por los supuestos delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y malversación de caudales.
La investigación se inició a raíz de una denuncia que presentó la actual Defensora del Puebo, Alicia Oliveira, quien dijo que Alderete y Domínguez habían contratado micros para llevar, el 26 de febrero de 1999, a un grupo de jubilados para que realizaran una manifestación en su contra.
Los fiscales solicitaron la indagatoria de la ex funcionaria luego de las declaraciones testimoniales de los choferes de los micros y de los empleados de las agencias de transporte,quienes admitieron haber sido contratados por funcionarios del Pami.