Arde Troya en el Consejo porteño

Luego de varios meses de silencio, varios de los consejeros porteños a los cuales se les inició juicio político decidieron cambiar de estrategia y contar su versión de los hechos. A través de sus abogados defensores, varios consejeros le adelantaron a este medio cuáles serán los argumentos principales para demostrar la “incongruencia” de este juicio político en conjunto.

Los seis miembros del Consejo fueron citados por la Comisión Investigadora para el 24, 26 y 31 de este mes. Cada uno podrá hacer su descargo personalmente, por escrito o declinar de ese derecho.

Julio César Strassera, abogado defensor de Bettina Castorino, le dijo a este medio que el proceso es un “escándalo” y que “fue promovido por los mismos jueces”, que quedaron exentos del juicio político, luego de la resolución del Consejo que obligó a los magistrados a pagar el impuesto a las ganancias.

El abogado pidió una prórroga de 30 días para tomar conocimiento del expediente. Al igual que la mayoría de las defensas, Strassera se quejó de que hay una sola copia de todo el expediente para “compartir” entre los seis abogados. “Todavía no pude ver el expediente”, admitió. Además, destacó que el proceso estuvo “mal iniciado” porque se votó sobre tablas y se hizo en base a un reglamento ad hoc. Por último, el ex fiscal del Juicio a las Juntas, resaltó que su defendida devolvió el “plus salarial” que le había otorgado el Consejo.

Con respecto a este tema, la propia consejera había aclarado que votó en disidencia en el plenario que se trató el tema de los sueldos. “La mayoría entendió que correspondía cobrar el sueldo de un legislador, más los adicionales previstos para los funcionarios del Poder Judicial. Por el contrario, yo voté en disidencia porque entendí que a los Consejeros les correspondía cobrar el sueldo de un legislador, sin ningún tipo de adicionales. Al día siguiente de tal resolución, en mi carácter de Presidenta, mediante un memo de fecha 5 de septiembre, ordené a la Dirección de Programación y Administración Contable que mi sueldo fuera liquidado sin adicionales", relató.

Por su parte, el abogado Eduardo Barcesat, que asumió la defensa del consejero Diego May Zubiría, pidió la nulidad de la acusación en contra de su pupilo por considerar que se violentó su derecho de defensa y que las acusaciones de mal desempeño resultan infundadas.

"La Comisión Investigadora se ha limitado a depositar un voluminoso conjunto de actuaciones que carece de lo que es sustantivo, de aquello sin lo cual no existe acusación que habilite una defensa", manifestó Barcesat. Y remarcó: "No existe pieza acusatoria y no dicen cuáles son las pruebas de los cargos”.

El abogado constitucionalista sostuvo además que “tampoco hay una mínima resolución que diga en qué se fundan los reproches de mal desempeño". "Se trata, inexcusablemente, de la ausencia de una pieza acusatoria que sindique cuáles han sido las pruebas de cargo colectadas, respecto de nuestro defendido, para sustentar los supuestos del mal desempeño reprochado", dijo.

Con respecto al tema de los “sobresueldos” el abogado subrayó, en diálogo con este medio, que “la culpa la tiene la Legislatura, porque cuando votó la ley dijo que el sueldo debía ser igual a los legisladores, pero no dijo nada con respecto a los adicionales”. Además, reiteró un argumento que seguramente será parte de las defensa de todos los consejeros: “Si se habla de mal desempeño, por qué se le reprocha a seis si son nueve los consejeros?, se preguntó irónicamente”.

Otros abogados que participan en el proceso son José Miguel Onaindia, que ejerce la defensa de Madgalena Iráizoz, y Sergio Zigelbaum, al frente de la defensa de Carlos Rosenfeld.

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