Regulación famélica

La juez María Cristina Carrión de Lorenzo fue denunciada por el abogado Gustavo Soler, quien sostuvo que la magistrada violó "el espíritu y los artículos de la ley de Aranceles" al regular sus honorarios en un monto tan exiguo. En su presentación el letrado destacó que la magistrada pudo haber incurrido en "infracción a los artículos 248 y 265 del Código Penal", que prevén los delitos de "abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos" y "negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas".

El abogado ya apeló la decisión de la juez en lo que respecta a sus honorarios, argumentando que significó un "agravio a la inteligencia, el esfuerzo y la profesión de abogado".

Soler patrocinó al ahorrista Jorge Luna Di Palma en una acción de amparo contra el "corralito" en 2002. Al concluir la tramitación del expediente, Carrión de Lorenzo, reguló -como es de rigor- las retribuciones que le corresponderían a los abogados que participaron en la causa. Pero al hacerlo estimó que a Soler le corresponderían 100 pesos, cuando el abogado, indicó citando leyes y jurisprudencia que hubiera correspondido entre 3.474 y 6.416 pesos.

Para el denunciante, al abuso que significó la confiscación de los depósitos por parte del Poder Ejecutivo y las demoras de la Justicia se suma ahora el desdoroso trato de la juez , que menoscaba la dignidad del trabajo.

Cabe recordar que la magistrada tuvo otra denuncia por el corralito de la cual fue absuelta en el 2003 cuando el Plenario decidió archivar las actuaciones que se habían iniciado al denegar la devolución de un depósito de 32 mil dólares al periodista García Blanco, quien había argumentado que debía someterse con urgencia a un transplante de riñón en España, quien poco tiempo después murió.

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