En el transcurso de la conferencia, todos los expertos y representantes europeos han coincidido en manifestar que la responsabilidad de base reposa en los Estados miembros y en sus regímenes constitucionales respectivos. Además, según la nueva Constitución europea, la adhesión a la UE conllevará la obligación de tratar "de manera comparable" a todos los ciudadanos europeos.
En este sentido, durante la conferencia se hizo hincapié en la necesidad de consolidar la confianza recíproca de los Estados miembros para permitir el reconocimiento mutuo de los juicios y para garantizar la extradición por los Estados miembros de sus ciudadanos. Además, abogaron por la instauración de un mecanismo de "valoración mutua permanente" de la calidad de la justicia.
De esta forma se ha apostado por fijar una serie de normas comunes, particularmente en materia de extradición, con el objetivo de asegurar mínimos de calidad. También se ha evocado el sistema de la orden de detención europea, recientemente instaurado.
Según trascendió el tratado Constitucional y la Carta de los derechos fundamentales de la Unión ya aseguran este derecho de acceso a la justicia, sin embargo, en el transcurso de este año la Cámara Europea adoptará dos informes importantes.
El primero, llamado informe Costa, se refiere al proyecto de recomendación al Consejo sobre la calidad de la justicia y la armonización del derecho penal. El segundo, denominado informe Buitenweg, fija normas mínimas para ciertos derechos concedidos en el marco de los procedimientos penales en el conjunto de la Unión Europea.