Para la Comisión acusadora Narizzano, en su juzgado, mostró un comportamiento “contrario a normas éticas y legales” que, lejos de resultar inocua a la administración de justicia, puso en “crisis la consideración que la sociedad profesa a la investidura judicial”.
En ese sentido, explicaron que evidenció una falta de apego a la función respecto de la que el magistrado fue llamado a desempeñar y agregaron que su actuar dejó entrever, en cada acto, “un completo desprecio por las libertades individuales y las garantías constitucionales”.
Asimismo el dictamen aprobado destacó que el acusado obstaculizó en su ociosidad el correcto desempeño del tribunal a su cargo, circunstancia que exteriorizó, a criterio de la Acusación, en “una limitación de sus labores, cuyo único basamento responde a la pereza con que se condujera y el privilegio de sus aspiraciones personales en detrimento de las funciones que le corresponden”.
Se lo acusó además de que por su “absoluta desidia” no veló por las garantías y derechos de quienes, bajo su guarda, se hallan privados de la libertad.
Las actuaciones se iniciaron el 27 de noviembre de 2003 a raíz de la remisión que el consejero Beinusz Szmukler efectuara, de la denuncia formulada por Javier Esteban de la Fuente un ex secretario de Narizzano.
En su presentación, si bien el denunciante reconoció que los tres juzgados de ese fuero se “encuentran en una verdadera situación de crisis, desbordados por la cantidad de legajos que tienen en trámite, circunstancia que se origina en la amplísima competencia que la ley les ha asignado: ejecución de penas privativas de la libertad, condenas en suspenso, suspensiones de juicios a prueba, multas, inhabilitaciones y medidas de seguridad.”, le imputó Narizzano una serie de hechos que, según evalúo se relacionaban con el mal desempeño.
Entre otros figuraron la falta de directivas claras respecto de criterios jurídicos, trabas y dificultades para la firma, arbitrariedad en las designaciones y promociones de los empleados y la inexistencia de un cronograma periódico de visitas a las unidades carcelarias.
El dictamen que fue aprobado con los votos de Luis Pereira Duarte, Juan Minguez, Lelia Chaya y Marcela Rodríguez, ahora deberá ser analizado por el Plenario.