La medida fue tomada por los jueces José Luna Corzo, Angel Avila y Francisco Martínez, y se inscribe en el marco de un proceso de renovación de la justicia local. Ahora, por medio de otra acordada, los jueces dejaron sin efecto la norma 143/87 y 92/03, y los magistrados recuperan la posibilidad de dar cuenta a la prensa de las actuaciones judiciales que instruyen, siempre y cuando no adelanten opinión sobre eventuales sentencias que puedan luego condicionar su accionar.
Los magistrados estimaron que “la libertad de expresión hace a la esencia del sistema republicano y no se contrapone con los modernos principios de publicidad y transparencia”, sin perder de vista “la importancia alcanzada por los medios de comunicación en la sociedad moderna, convertidos en elementos insustituíbles del sistema institucional”.
En el mismo sentido y con el objeto de remozar al Poder Judicial riojano, los vocales anunciaron el envío al parlamento de un proyecto para modificar la ley Orgánica del Poder Judicial, para la celebración de audiencias 2 veces por semana por la tarde, ampliando de esta forma las que se realizan cotidianamente por la mañana.
Uno de los principales cuestionamientos que recibe la Justicia local es que las causas nunca llegan a juicio y, si llegan no se logran sentencias en tiempo y forma. El TSJ aspira también a la aplicación de la figura del juez de ejecución penal, un funcionario que estará verificando que los presos cumplan su condena y que los procesados puedan ser juzgados rápidamente para que sean sobreseídos o condenados, pero no permanezcan en estado de permanente incertidumbre.
Anuncios futuros serían la concentración del servicio de oficiales de justicia, quienes ocuparían una oficina destinada especialmente al efecto para cumplimiento de sus tareas. También la capacitación en informática de todo el personal judicial como así también la capacitación a los jueces de paz legos.
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