La histórica sanción, la más elevada en la historia española, fue producto de una denuncia que interpuso a fines de 2000 la Asociación de empresas operadoras y de servicios de telecomunicaciones, entidad que acusó a la firma de dificultar la preselección de llamadas por parte de sus clientes, hecho que perjudicaba seriamente a sus clientes.
Según se destaca en el fallo la preselección permite que un cliente de Telefónica pueda llamar desde su teléfono fijo a través de otras operadoras sin tener que marcar un prefijo previo.
Por este procedimiento, las nuevas operadoras pueden hacer nuevos usuarios, por lo que se consideró que es un instrumento fundamental para potenciar el incremento de la competencia en la telefonía fija, donde Telefónica de España sigue controlando la mayoría del mercado.
Entonces, para el tribunal la conducta de Telefónica fue "abusiva" y la operadora "no estuvo a la altura de la especial responsabilidad que incumbe a quien ostenta una posición dominante, al reaccionar de forma desleal y desproporcionada".
En ese sentido, la sentencia calificó de "muy grave" las actitudes de la empresa sancionada, ya que detallaron que "afectó al proceso liberalizador de las telecomunicaciones" y al mercado, "dada la extrema duración de las conductas restrictivas”.
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