La decisión fue anunciada por el propio gobernador José Manuel De la Sota, durante la entrega de 80 casas a beneficiarios de un barrio construido por la Dirección Provincial de la Vivienda, aunque aclaró que la medida irá en contra “sólo de aquellos que están en condiciones de pagar las cuotas”.
“No ejecutaremos a los pobres jubilados que apenas le alcanzan sus haberes para comer, ni a jefes de familia enfermos o que estén desocupados o reciban planes sociales, sino aquellos que tienen antenas de televisión codificada, que han hecho mejoras en su casa y que tienen automóviles en sus puertas, y se niegan a pagar estando en condiciones de hacerlo”, aclaró De la Sota.
Para el ministro de Obras Públicas provincial, Oscar Santarelli, se sancionará a quienes “por una cultura de no pagar, porque están en condiciones de hacerlo, perjudican a miles de cordobeses que esperan tener su casa propia”.
Al respecto, Santarelli comentó “en estos días estamos haciendo una evaluación de las condiciones económicas de los morosos”, y precisó que “son unos 48 mil adjudicatarios, que representan un monto de 260 millones de pesos”.
“Se está haciendo un relevamiento socio económico de cada uno de estos morosos, y a aquellos que tengan capacidad de pago se los va a intimar y luego ejecutar, si mantienen su postura”, explicó el ministro Santarelli.
En tanto, enfatizó que “hay una cuestión que va más allá de lo económico, hay una cuestión de ética y de moral, porque no puede ser que el Estado haya entregado la vivienda y esta gente no quiera pagar, y de esta forma limitar la posibilidad de otros cordobeses que también necesitan de la vivienda”, que se adquieren en cuotas mensuales que van desde los 60 pesos.
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