Entre los hechos investigados se le atribuye a Acosta haber ejercido actividad agropecuaria en forma simultánea con el ejercicio de la magistratura, lo que está vedado por el Reglamento para la Justicia Nacional.
Al parecer, el magistrado en su establecimiento de 29 hectáreas se habría dedicado junto con un socio a la plantación de cebollas con la finalidad de exportarlas a Cuba, a la cría de porcinos y a la comercialización de sus productos llegando a poseer una capacidad productiva de 2200 cerdos por año.
Asimismo, se le atribuye al juez haber garantizado sus deudas ante el Banco de Mendoza y ante el Banco de Previsión Social con los avales personales de José Ricardo López -Defensor Oficial ante su Juzgado- y de Jorge Alberto Carrión -Fiscal Federal de San Rafael- lo cual según fuentes del consejo “implicaría un conflicto de intereses que pondría en riesgo su imparcialidad” en razón de que sus avales son parte defensora y acusadora respectivamente, en los casos en los que Acosta era llamado a decidir.
Además, se acusa al magistrado de haber falseado la información incluida en sus declaraciones juradas patrimoniales de febrero de 1997 y 2000, en donde habría declarado deudas por un monto sustancialmente menor al que realmente había contraído ante los ex Bancos de Mendoza y Banco de Previsión Social de Mendoza.
También se le imputa haber realizado expresiones inapropiadas ante la prensa, publicadas en el diario local de la Provincia de Mendoza “Los Andes”, el 6 de abril de 1997, en las cuales reprobó enérgicamente al entonces juez Luis Alberto Leiva, destituido luego por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.
Entre otras manifestaciones, el magistrado investigado declaró: “De un modo inconsciente, o consciente, el juez Leiva favorece los intereses del narcotráfico al intentar denostarme públicamente frente a una lucha contra el narcotráfico, que él sabe que no es fácil y es desigual”.
Más adelante, el Dr. Acosta sostuvo que un kilo de clorhidrato de cocaína en jurisdicción del Juzgado Federal de Mendoza cuesta tres veces menos que en San Rafael. Esto habla a las claras de que en esta jurisdicción se lucha contra el narcotráfico y no hay áreas o sitios protegidos y de la sobreoferta del vil producto en aquella jurisdicción”.
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