Los autos que no podrán salir del país son aquellos que a pesar de haber ingresado con franquicia diplomática son utilizados por terceras personas, distintas a las beneficiarias de la franquicia original. La prohibición regirá hasta tanto se acredite que los vehículos cumplieron su trámite legal y que la transferencia del rodado no merece objeciones por haberse realizado dentro de los parámetros establecidos.
A través de un comunicado, la Aduana señaló que con la medida dispuesta por Aguinsky “los representantes diplomáticos extranjeros deberán gestionar una autorización expresa en la Dirección de Investigaciones de la Aduana, área que mantendrá contacto con el juzgado para la autorización -previo cruce de información con Cancillería - para corroborar si se trata efectivamente, de un vehículo que integra el parque automotor de los funcionarios de embajadas extranjeras con asiento en la Argentina”.
Se sospecha que personal diplomático extranjero en nuestro país importaba vehículos de marcas costosas que, gracias a los descuentos de impuestos de que gozan, obtenían a precios más baratos. Pero los vehículos no se habrían destinado a uso oficial de las delegaciones extranjeras sino que habrían sido revendidos a particulares.
Así lo denunció el canciller, Jorge Taiana, ante la Justicia federal. La presentación se originó luego concluir una auditoria interna del Ministerio de Relaciones Exteriores en la que se detectaron irregularidades en el otorgamiento de franquicias. La Dirección de Franquicias, Patentes e IVA fue intervenida y su titular, Jorge Matas, denunciado y apartado del cargo.
La denuncia de Cancillería se tramita ante el juzgado federal de Norberto Oyarbide. Pero la Aduana se presentó ante la Justicia en lo Penal Económico para que allí se investigue el hecho como contrabando agravado que prevé una pena de 10 años de prisión. Es que la figura del 865 del código aduanero prevee específicamente una figura especial para el caso de que se de la intervención de un funcionario público en una maniobra comola denunciada.
En Tribunales se especulaba que éste no había sido el sentido de la denuncia de la Cancillería, que hizo saber el hecho en sede federal porque sólo se propuso deslindar responsabilidades administrativas de la línea de funcionarios.
En declaraciones radiales, el titular de la Aduana, Ricardo Echegaray, sostuvo que investigarán las 444 franquicias que se otorgaron y negó que su dependencia tuviera responsabilidad en el hecho porque no fue la Aduana quien dio las franquicias sino una Dirección de Cancillería.
Echegaray sostuvo que las irregularidades no se habrían dado en el ingreso de los vehículos sino en la posterior adjudicación a personas que no harían un uso diplomático de ellos, como exige la franquicia.
Judicialmente quien debe analizar las causas que involucran a diplomáticos extranjeros es la Corte Suprema de Justicia de la Nación quien tiene competencia originaria para estos casos.
Fuentes judiciales señalaron que aún es prematuro que el Máximo Tribunal intervenga en el caso porque antes se tendría que saber si las personas involucradas son actualmente funcionarios diplomáticos. Ese es el criterio establecido por la Corte, que sólo acepta intervenir en instancia originaria cuando el representante diplomático cumple funciones específicas en el páís. Incluso aceptado el caso, si el diplomático extranjero cesa en el cargo, la Corte lo devuelve a la instancia judicial ordinaria que corresponda.
Con ese objetivo, Aguinsky requerirá en las próximas horas a la Cancillería que informe sobre el estatus diplomático de aquellas personas denunciadas.