Calor sofocante en Casación bonaerense

Una de las primeras medidas que tomó la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal tras la fuga de los culpables del triple crimen de General Rodríguez (los hermanos Lanatta y Víctor Schillaci) fue remover de su cargo a los integrantes de la cúpula del Servicio Penitenciario provincial. Entre los funcionarios afectados por la medida se encontraban Florencia Piermarini y César Albarracín.

Pero los problemas en torno a estos ex integrantes del órgano carcelario no terminaron, ya que después de los fuertes señalamientos realizados en su contra, aspiraron a ingresar al Tribunal de Casación Penal de la provincia: las pretensiones de Piermarini se vieron terminadas por disposición del mismo espacio, y por el lado de Albarracín la negativa vino gracias a un decreto de Vidal.

En ese documento, la mandataria bonaerense aseguró que "se sucedieron un conjunto de circunstancias objetivas de público conocimiento que motivaron el inicio de actuaciones sumariales, en las que aparece involucrado César Miguel Albarracín en presuntas conductas ilegales y/o delictivas".

Los ingresos al Tribunal, según consignaron diversos medios, fueron impulsados por el juez Daniel Carral, quien está ligado a la organización Justicia Legítima. La discusión en torno a la designación de Piermarini como relatora duró un poco más pero su destino fue el mismo que el de su par. Por su parte, el cargo de Albarracín iba a ser de gran importancia, ya que estuvo cerca de convertirse en el fiscal adjunto del Máximo Tribunal Penal de la provincia.

Fueron varias las organizaciones que se opusieron a esta designación, que solo necesitaba de la toma de juramento por parte de la procuradora general bonaerense María del Carmen Falbo: integrantes de agrupaciones y otros espacios de derechos humanos realizaron varios señalamientos a su gestión ante el Servicio Penitenciario provincial, donde se registraron incontables denuncias por torturas, malos tratos y condiciones infrahumanas de hábitat para las personas privadas de su libertad.

Las mismas imputaciones se hicieron al nombramiento de Piermarini, quien está ligada a la agrupación política La Cámpora. Todo indica que su nombramiento también será impedido por la gobernadora Eugenia Vidal; la polémica por la triple fuga sigue muy vigente y el cargo al que apunta en el Tribunal de Casación es de gran valor.

Piermarini cobró notoriedad al ser nombrada en 2012 la primera mujer al frente del Servicio Penitenciario provincial. Entonces, la abogada tenía 36. Especialista en temas penales, cuando asumió tenía bajo su cargo 55 cárceles que albergaban más de 28 mil presos. A esta parte, esa cifra creció de forma exponencial y, al margen de las denuncias por el déficit habitacional que sufren en los establecimientos quienes se encuentran en situación de encierro, hay más de 35 mil personas en esas condiciones.

La decisión de ponerla frente a ese organismo surgió de Ricardo Casal, el ex ministro de Justicia bonaerense cuya cartera aun no se encontraba desdoblada y aun se hacía cargo de las cuestiones de Seguridad. La idea era poner a alguien cercana al espacio de los derechos humanos para hacerle frente a lo que muchos consideran una bomba de tiempo para los funcionarios: no hubo, acaso, una sola gestión que no terminara con denuncias por las condiciones y malos tratos que enfrentan las personas privadas de su libertad.

La letrada, nacida en el partido de Lanús, también cuenta con un posgrado en Derecho Penal y Criminalística. Trabajó como asesora de la ex diputada de la Coalición Cívica, Fernanda Gil Lozano. Su vínculo con Albarracín se remonta desde antes de ser nombrada en el cargo, ya que desde 2009 fue asesora del ex integrante del Servicio Penitenciario, quien tenía el cargo de subsecretario de Política Criminal en ese momento.