A comienzos de este año, el gobernador santafesino Antonio Bonfatti, bajo el pretexto del acople de tareas con los órganos de la renovada Justicia Penal provincial, decidió vetar 40 de los 57 artículos que componían la ley de creación de la Policía Judicial. La iniciativa presentada por el diputado Eduardo Toniolli (Movimiento Evita), quien al enterarse de esta novedad se quejó profundamente porque entendió que su propuesta había perdido el espíritu inicial.
Pero después de varios desarreglos que hicieron peligrar esta iniciativa, la Cámara de Diputados volvió a aprobar la propuesta que crea el Cuerpo de Investigadores Judiciales que entrará en funciones a partir del año que viene, y que intervendrán en delitos complejos.
Una de las discusiones que se habían planteado y que generaron desacuerdos entre las distintas bancas era la relativa a la dirección del novedoso organismo: desde un sector planteaban que el titular debía tener experiencia en fuerzas uniformadas, mientras que el ala más cercana al autor del proyecto planteó que un civil también debía poder ocupar el cargo. Sobre todo, al entender que lo que se busca a través de esta Policía es independencia de las fuerzas tradicionales.
Pero ese punto fue resuelto a favor de la segunda posición. Otro problema que surgió fue la posibilidad de que este órgano pueda investigar a funcionarios públicos, una discusión que finalmente se volcó a favor de la posición que iba por la afirmativa.
“Tenemos la oportunidad de tener una herramienta propia que se use para investigar determinados hechos dentro de la fuerza de seguridad. Es un brazo directo ejecutor de los fiscales que podrá desentrañar delitos de flagrancia de fácil resolución y poco peso pero que tiene una influencia enorme en la tasa de homicidios en Rosario y Santa Fe”, expresó Toniolli en declaraciones radiales.
En torno al personal que incorporará la Policía Judicial, el legislador afirmó que “no queríamos un traslado compulsivo desde otras áreas. Se podrá incorporar gente de cualquier área civil, de las fuerzas de seguridad, aunque la única demora es el concurso que se desarrolla para ingresar”.
En tanto, y ante la noticia de la aprobación de esta legislación, el fiscal general de la provincia, Julio de Olazábal, también opinó al respecto, y en declaraciones también radiales consignó que "el investigador es una especialidad. En el mundo hay personas especializadas para esta labor. Por este motivo, necesitamos crear cuerpos específicos para la investigación que tienen que depender de los fiscales”.
De Olazábal también expresó que “tiene que haber una integración, no hay una ruptura sino una integración”, en relación a la Policía Judicial y las fuerzas uniformadas, y explicó que “cuando ocurre un hecho la que tiene que actuar es la policía, pero si hay que hacer una investigación se llamará a este cuerpo”.
dju
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