En Estados Unidos, la Comisión de Asuntos Jurídicos del Senado aprobó un proyecto de Ley en el que se establece que para que la Policía pueda revisar cuentas de e-mail y otros soportes electrónicos deberá contar con una autorización judicial previa.
Todo empezó a raíz de un mail enviado por el titular de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, David Petraeus. El mensaje fue intervenido y despertó la polémica que terminaría con la renuncia del jefe del órgano. En el correo, advertía a John Allen, comandante del ejército estadounidense en Afganistán, que no debía encontrarse con una mujer que era su presunta amante.
Más tarde, y con todas estas consideraciones a cuestas, desde el Departamento de Defensa reconocieron que habían revisado más de 30.000 páginas de correos electrónicos, que también derivaron en el descubrimiento de una relación que mantenía Petraeus con su biógrafa, Paula Broadwell.
Este caso tuvo un gran revuelo en la prensa estadounidense, y llevó al plano legislativo la discusión acerca de los límites en torno a la privacidad de Internet.
Por eso, la Comisión de Asuntos Jurídicos del Senado de ese país decidió aprobar un proyecto de Ley en el que se prevé que la policía (aunque se podría ampliar a cualquier fuerza de seguridad) deberá contar con una orden judicial para registrar cuentas de mail y cualquier otro soporte electrónico que quiera intervenir.
Apenas se supo la noticia acerca del posicionamiento de los integrantes de la Comisión, los activistas por la libertad cibernética se mostraron a favor y ahora esperan el tratamiento en el pleno del Senado de Estados Unidos.
Precisamente, fue la investigación del caso Petraeus lo que impulsó su tratamiento de parte de la Comisión, dado que la iniciativa ya había sido presentada en el órgano por su presidente, Patrick Leahy, pero no estaba siendo discutida. Pasaron los meses y el escándalo que involucró al jefe de la CIA hizo que, necesariamente, se lleve a cabo el debate.
Luego del dictamen que recibió la medida, Leahy afirmó que "fortalecerá las protección de la privacidad del correo electrónico", a la vez que entendió que supone un "paso hacia adelante para los derechos públicos de privacidad".
En tanto, el activismo también se manifestó, y Gregory Mojeim, del Centro para la Democracia y Tecnología, consignó que "nuestras leyes de privacidad están lamentablemente desactualizadas debido al avance de la tecnología". También reconoció que la medida "obliga a los investigadores del Gobierno a hacer, para la comunicación por internet, lo que ya hacen en el mundo fuera de internet: obtener una orden judicial".
Chris Calabrese, consejero legislativo de la Unión por las Libertades Civiles de Estados Unidos (ACLU), señaló también: "Este es un paso importante para la privacidad. Estamos muy contentos de que el comité vote que todo el contenido electrónico, como los emails, las fotos y otras comunicaciones en poder de compañías como Google y Facebook, deben protegerse con una orden judicial".