En Santiago Del Estero se implementó esta semana la notificación por casilleros. Los letrados de esa provincia se mostraron "muy contentos" con la medida y felicitaron al STJ santiagueño por la iniciativa.
Gracias a las disposiciones de la Ley provincial 6.987 de Santiago Del Estero, los abogados de esa provincia ya cuentan, desde el lunes, con el sistema de notificación por casilleros. De esta forma, podrán evitar las demoras que se presentan a la hora de la consulta de cédulas por parte de los letrados, que mostraron su agradecimiento el Superior Tribunal de Justicia santiagueño por la medida.
La sala con casilleros está ubicada en el Palacio de Tribunales de la capital santiagueña. Los abogados del foro local aseguraron que la entrega de llaves y de los formularios de las cédulas de notificación con código de barras constituyen un trámite que no dura "más de dos minutos".
Este sistema sirve para otorgar un apartado con un número a cada abogado o estudio jurídico que lo solicite, donde se depositan las cedulas de notificación y de donde las retiran los letrados, con lo cual la notificación será inmediata y no con la demora actual, que oscila entre los 10 o 15 días.
Su tratamiento en la legislatura de esa provincia fue rápido, ya que todos estaban interesados en lograr este avance en materia procesal.
“Hoy, las personas que litigan un juicio deben constituir domicilio procesal en los estudios jurídicos de los abogados que los representan, con el sistema que se propone se sustituye la obligación de constituir domicilio en un estudio jurídico en el radio del juzgado por la obligación de constituir domicilio en un casillero que se asigna a los profesionales matriculados y que en encuentran ubicados en el mismo palacio de Tribunales", expresó Santiago Argibay, ministro del STJ de Santiago Del Estero.
"Ese acto de notificación, además de ser gratuito pasa a ser prácticamente instantáneo, cuando en la actualidad lleva una demora de 10 días y si se suman la cantidad de notificaciones que hay en un proceso insumen un gran tiempo muerto y el aumento de los costos del proceso”, aseguró.
Asimismo, el magistrado ya había declarado en 2010 que "este instrumento legal fue fruto del trabajo conjunto con el Colegio de Abogados de la Provincia, con el objetivo primordial de reducir en forma sustancial el tiempo de los procesos, dado paralelamente el gran incremento de éstos, que ingresan actualmente en la justicia local".