La denuncia del gobierno de la ciudad se centra en las cuatro medidas dictadas por Roberto Gallardo, Elena Liberatori, Guillermo Scheibler y Patricia López Vergara. Pues consideran que tiene por objeto impedir la propuesta de la candidata formulada por el Poder Ejecutivo; la promoción y desarrollo del trámite en la Legislatura y la designación por el Poder Ejecutivo.
Los integrantes del Tribunal Superior, Ana María Conde, José Osvaldo Casás, Luis Francisco Lozano, Elizabeth Marum e Inés M. Weinberg de Roca, expresaron que “se puede observar la imposibilidad de que ellas y las dispuestas por el Poder Ejecutivo sean simultáneamente cumplidas” por lo que “su contenido lleva a que la ejecución de unas importe inexorablemente la frustración de las otras”. Es por ello que “se aprecia el núcleo de un conflicto de poderes”.
No obstante, consignaron que “los desbordes no necesariamente presumen mala fe en el autor, sea juez u órgano político, así como que los controles y resguardos que el legislador prevea en las leyes procesales a fin de corregirlos no pueden conducir al cercenamiento de una competencia constitucional del TSJ” En la causa caratulada como “Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires c/ Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires s/ conflicto de poderes” la contraparte de la contienda estará representada por el Consejo de la Magistratura de la Ciudad y los cuatro jueces a cargo de los juzgados contencioso administrativo y tributario 3, 4, 6 y 13.
Por otra parte, este miércoles debía realizarse la reunión conjunta entre la Junta de Ética, Acuerdos y Organismos de Control; y la Comisión de Justicia de la Legislatura para aprobar o no el pliego de la designación de Ugolini pero fue suspendida por la Junta a cargo del legislador Oscar Zago.