Informe anual 2007

En una audiencia realizada este martes en el Salón Montevideo de la Legislatura porteña, la Asesoría General Tutelar de la Ciudad presentó su informe anual 2007 en el cual se remarcan los problemas de las políticas públicas del gobierno dirigidas a la protección de los derechos sociales y económicos de los menores y de las personas con problemas de salud mental.

Los lineamientos del trabajo fueron expuestos por la asesora general Laura Musa, quien estuvo acompañada por las asesoras adjuntas María de los Ángeles Burundarena y Magdalena Giavarino. Además, en la mesa de debate estuvo presente la vicejefa de Gobierno Gabriela Michetti, el presidente del Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, Jorge San Martino, jueces porteños, legisladores y representantes de distintas organizaciones sociales.

En primer término, el informe pone el acento en un cambio de funciones de las asesorías, las cuales deben dirigirse a la protección y a lograr el efectivo cumplimiento de los derechos de los tutelados. “El Ministerio Tutelar no es un programa de emergencia social para paliar las consecuencias provocadas por la ausencia o la injerencia arbitraria del Estado”, sostiene el trabajo. Por ello, se apunta a una misión de la AGT estrictamente vinculada a la articulación, monitoreo, control y reclamo del funcionamiento de las distintas agencias estatales.

En ese sentido, se señala que los derechos económicos, sociales y culturales consagrados por los distintos tratados internacionales son considerados “derechos operativos, que generan inmediatas obligaciones para los Estados y posibilidades a los ciudadanos de reclamar en caso de amenaza o vulneración”.

Otro de los temas que hace hincapié el informe es en las dificultades que ha tenido la asesoría para realizar un control de las condiciones de alojamiento de los niños en los “institutos penales” de la Ciudad., que dependen y son administrados por la justicia nacional. “Las autoridades nacionales nos han denegado el acceso a los institutos desconociendo nuestra legitimidad y competencia en materia de contralor de todas aquellas instituciones que alberguen habitantes menores de edad en el ámbito de la Ciudad”, denuncia el informe.

El informe también remarca que en materia contravencional y penal juvenil aún no ha sido puesta en funcionamiento la Asesoría de Primera Instancia ante el fuero contravencional, debiendo seguir interviniendo la propia Asesoría General en todos los expedientes y en todas las instancias, que durante 2007 fueron unos 400.

Acerca del Sistema Administrativo de Protección de Derechos, Musa informó que "ha aumentado la cantidad de niños alojados en hogares y que se vulneran generalmente los principios de excepcionalidad y brevedad, que se incumple el artículo 27 de la ley 26.061 que establece la presencia del abogado del niño", y aseguró que por cada expediente que llega a la Asesoría piden el cumplimiento de esa norma.

“La Ciudad de Buenos Aires aún no cuenta con dispositivos que permitan una verdadera inclusión social de los niños más vulnerables”, en el sentido de proporcionar ciudadanos con autonomía para elegir y dirigir su propio plan de vida, sin la “tutela” o “asistencia” del Estado”, asegura el informe.

También, se indicó que hay personas que "llegan a la justicia para ver si se les puede otorgar un plan social porque no logran que la política pública se los ofrezca con reglas claras", lo que describió como un ejercicio "discrecional de la política pública".

En ese sentido, los números reflejan que en las dos asesorías ante el fuero Contencioso ingresaron durante 2007 un total de 2122 expedientes extrajudiciales, de los cuales los principales reclamos se centraron en tres aspectos: alimentos (634), emergencia habitacional (543) y subsidios no habitacionales (618).

Finalmente, se puso en evidencia que la política en salud mental sigue estructurada en la "manicomialización" y se puntualizó que "la mayoría de las internaciones se ejecutan y se mantienen por cuestiones sociales".

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