El otro juez es el titular del Juzgado Federal Nº 1 de Tucumán, Jorge Parache. Sobre ambos magistrados pesa un dictamen acusatorio pidiendo su suspensión en el cargo y el inicio del juicio político por el supuesto pago indebido de títulos público en default a través del otorgamiento de amparos. Sin embargo, la situación de cada uno presenta variantes.
Este jueves la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo iba a tratar el dictamen presentado por el consejero Nicolás Fernández contra Parache pero su par Luis María Cabral pidió la postergación del tratamiento hasta la semana que viene. Además, se tuvo en cuenta que el juez presentó su renuncia y la misma aún no ha sido aceptada por el presidente Néstor Kirchner.
Si la renuncia es aceptada, la acusación contra el juez quedará automáticamente cerrada. Parache presentó su dimisión a partir del próximo 31 de mayo alegando razones de salud.
La acusación contra Parache es por dictar medidas cautelares sin aplicar las leyes pesificadoras para pagar títulos en default. Por este mismo caso, en octubre de 2006, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados destituyó al otro juez federal de Tucumán, Felipe Terán. Por las denuncias contra los jueces tucumanos la Procuración del Tesoro de la Nación realizó auditorías en cerca de 80 expedientes de ambos juzgados.
Por su parte, en la Comisión de Disciplina y Acusación todavía no fue presentado el dictamen contra Rodríguez pero su presidente y consejera que instruyó la investigación, Diana Conti, adelantó que propondrá su juicio político.
El retraso de la presentación la motivó un escrito presentado contra Rodríguez por una mujer que es querellante en una causa que se tramita en el juzgado federal de Santa Fe. Patricia Isasa señaló que Rodríguez le pidió que intercediera ante el diputado Kunkel o las Madres de Plaza de Mayo para que el Consejo no avance en el juicio político.
Conti decidió incorporar el escrito al expediente y correrle traslado al juez para que conteste.
Los expedientes acusatorios deben ser aprobados primero por la Comisión de Disciplina y Acusación y luego por el plenario del Consejo. Si eso ocurre, los jueces quedaran suspendidos en sus cargos por 180 dِías. En ese plazo, el Jurado de Enjuiciamiento debe realizar el juicio político.